Las salas de tragamonedas de Rumania, durante años uno de los pilares del juego presencial en Europa del Este, atraviesan una crisis sin precedentes. En apenas dos años, el número de máquinas en operación se desplomó de 80.000 a 36.000 unidades, y fuentes del sector advierten que la cifra podría caer hasta 15.000 o 20.000 antes de que termine 2026. «Y este es el escenario más optimista», señaló una fuente cercana a un importante operador rumano que prefirió no revelar su identidad.
Lo que está ocurriendo en Rumania no es el resultado de una sola decisión, sino de una acumulación de reformas que, combinadas, están rediseñando por completo el mapa del juego en el país.
Una cadena de reformas que asfixia al sector
La presión regulatoria sobre la industria del juego en Rumania no comenzó en 2026. Ya en 2024, el gobierno prohibió las salas de tragamonedas en localidades con menos de 15.000 habitantes e introdujo normas estrictas de zonificación y publicidad. En 2025 llegó una nueva oleada de ajustes fiscales: los impuestos sobre el juego online subieron al 27% de los ingresos brutos del juego (GGR), mientras que los gravámenes sobre el juego presencial alcanzaron el 23% del GGR. Además, las tarifas anuales por máquina tragamonedas se incrementaron en $1.080 (1.000 euros).
Sin embargo, el cambio que más impacto generó en la industria llegó en febrero de 2026, cuando el gobierno transfirió a las autoridades locales la facultad de otorgar licencias de juego. Desde entonces, cada municipio puede decidir si permite, restringe o directamente prohíbe este tipo de operaciones dentro de su territorio.
El caos de la descentralización: nueve ciudades ya preparan prohibiciones
La reacción en cadena fue inmediata. Al menos nueve municipios elaboraron planes para prohibir las salas de máquinas tragamonedas, entre ellos las ciudades de Slatina, Brăila, Ploiești e Iași. Constanza indicó que podría seguir el mismo camino, mientras que el Distrito 3 de Bucarest impulsa actualmente una prohibición en la capital.
«La solución más sencilla es eliminar por completo estos negocios de la ciudad. Son tóxicos para la sociedad», declaró el alcalde de Slatina, Mario De Mezzo.
Según estimaciones oficiales, hasta 200 localidades podrían terminar prohibiendo el juego bajo el nuevo esquema. Sin embargo, el proceso no está resultando ordenado. Las nuevas normas entraron en vigor el 24 de febrero sin consulta previa ni período de transición, tomando por sorpresa tanto a los operadores como a los propios municipios.
Consolidación acelerada y fuga hacia el canal online
En este contexto, la industria se está reorganizando a marchas forzadas. En 2025, el juego presencial en Rumania alcanzó un valor aproximado de $1.810 millones (1.670 millones de euros) anuales, equivalente a cerca de un tercio del mercado total, según datos de H2 Gambling Capital. Actualmente existen alrededor de 1.310 salas de juego registradas en todo el país, operadas por unos 69 titulares de licencias. Pero las presiones regulatorias y fiscales están acelerando los cierres. Según Frimescu, un importante operador ya cerró 60 locales y planea clausurar otros 100, reconvirtiendo cada establecimiento en un punto de derivación hacia su plataforma online.
La consolidación también avanza entre los grandes actores. La adquisición de Winner.ro por parte de Evoke en 2024 y la compra de las operaciones de MaxBet en Rumania y Malta por Super Technologies son señales de un mercado que se comprime en torno a los jugadores con mayor musculatura financiera y presencia digital.
El resultado es un cambio estructural en la composición del mercado: el juego online representa ahora aproximadamente el 71% del total en Rumania, frente al 52% registrado en 2023. Se espera que esa proporción continúe creciendo.
Nuevas restricciones en el horizonte
Si el panorama actual ya es complejo, dos nuevas iniciativas legislativas podrían tensarlo aún más. Desde febrero se están tramitando una propuesta para elevar la edad mínima para apostar de 18 a 21 años y un proyecto de ley que limitaría drásticamente la publicidad del juego, con una posible prohibición de los anuncios online y el uso de figuras públicas en campañas del sector.
