En Uruguay, el senador Felipe Carballo, del Frente Amplio, presentó ante el Parlamento un proyecto de ley destinado a regular el mercado del juego online en el país. La iniciativa busca establecer un modelo mixto en el que el Estado y los operadores privados convivan bajo un esquema de supervisión integral, actualizando una legislación que, según el propio legislador, data del siglo XIX.
La propuesta llega en un contexto de crecimiento sostenido de las apuestas digitales en toda la región y de ausencia de controles efectivos sobre un sector que mueve millones de dólares cada año en Uruguay. El proyecto de Carballo pretende ser el punto de partida de un debate parlamentario que, según sus expectativas, debería concretarse durante 2026.
Qué propone el proyecto de ley sobre el juego online en Uruguay
El texto presentado por Carballo contempla dos pilares fundamentales. El primero es la creación de una Plataforma Estatal de Juego en Línea, dependiente de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que tendría a su cargo ofrecer, regular y monitorear las plataformas digitales de apuestas que operen en el territorio nacional.
El segundo pilar es la conformación de una Agencia Nacional de Regulación de Juego Online, un organismo con autonomía técnica y operativa para emitir licencias a operadores privados, auditar plataformas y algoritmos, controlar el flujo de transacciones económicas y administrar un registro nacional de apostadores digitales. Además, la agencia tendría facultades para sancionar el incumplimiento de la normativa.
Entre los aspectos más relevantes para los usuarios, el proyecto establece que quienes deseen apostar en plataformas autorizadas deberán registrarse con límites personalizados de gasto y trazabilidad financiera. Una medida que apunta tanto a prevenir el juego problemático como a proteger a los grupos más vulnerables. Asimismo, operar sin licencia quedaría tipificado como delito.
Por qué fracasaron los intentos anteriores de regular el juego online
Carballo reconoció ante el medio uruguayo El Telégrafo que no es la primera vez que el Parlamento intenta avanzar en esta materia. El Frente Amplio ya presentó una iniciativa similar en el período legislativo anterior, al igual que el Poder Ejecutivo de ese entonces, sin que ninguna prosperara.
El senador atribuyó esos fracasos a la presión de intereses económicos poderosos, en especial los de la banca privada, que actualmente detenta el monopolio de los juegos de azar en el país a través de concesiones otorgadas por el Estado.
Para Carballo, ese escenario hace que la regulación sea una deuda impostergable: los operadores privados aprovechan la infraestructura y el marco legal uruguayo sin retribuir al Estado en la misma proporción en que lo hace la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
El impacto social del juego online sin regulación en Uruguay
Más allá del debate económico, la iniciativa apunta a un problema de salud pública que el legislador describió con preocupación. El acceso irrestricto al juego online ha derivado en un aumento del juego problemático entre adultos y, de manera alarmante, en la participación de menores de edad en plataformas de apuestas digitales.
Carballo explicó que la Dirección de Loterías y Quinielas bloquea más de 150 páginas ilegales de origen internacional por día, lo que da una dimensión de la escala del problema. Sin embargo, ese esfuerzo resulta insuficiente si no se complementa con un marco legal moderno que permita actuar de forma preventiva y no solo reactiva.
El legislador planteó que la regulación debe incluir un registro de apostadores con el objetivo de impedir el acceso de menores, así como mecanismos de detección temprana del juego problemático.
El Estado uruguayo debe recuperar su rol central en el juego online
Uno de los argumentos centrales del proyecto es que el Estado, como propietario histórico de todos los juegos de azar en Uruguay, tiene tanto el derecho como la obligación de intervenir de forma directa en el ecosistema digital de apuestas. Carballo sostuvo que los ingresos generados por este sector deberían volcarse, al menos en parte, a políticas sociales, en lugar de quedar en manos de concesionarios privados que no tributan de manera proporcional.
En su visión, contar con una plataforma estatal propia no significa excluir a los privados, sino someterlos a un sistema de licencias claras, con obligaciones de transparencia algorítmica, control de transacciones y responsabilidad ante el regulador. El modelo que propone no busca monopolizar el mercado, sino ordenarlo y hacerlo rendir en términos de recursos públicos.
Un proyecto que busca abrir el debate parlamentario en 2026
Carballo fue explícito al señalar que su iniciativa no pretende ser la versión definitiva de la regulación, sino un «disparador» para que el Parlamento retome una discusión que lleva años postergada. El objetivo inmediato es que el tema ingrese formalmente a la agenda legislativa durante 2026 y que los distintos partidos políticos puedan enriquecerlo con propuestas propias.
Para el senador, Uruguay no puede seguir aplazando esta reforma. La combinación de un mercado digital en expansión, millones de dólares en juego, población vulnerable sin protección y legislación obsoleta configura un escenario que exige respuesta. La pregunta es si esta vez el proyecto logrará avanzar donde otros encontraron resistencia.
