Cuando el gobierno de Reino Unido anunció en noviembre de 2024 una subida de impuestos sobre el juego en línea durante el presupuesto de otoño, el debate público se centró casi exclusivamente en el mercado doméstico. Con el paso de las semanas, sin embargo, comenzó a crecer la preocupación por sus posibles efectos en Gibraltar, territorio de ultramar cuya economía depende en gran medida del sector del juego.
El tema llegó formalmente al Parlamento durante la tercera lectura del proyecto de ley de finanzas en la Cámara de los Comunes, cuando el diputado laborista Gareth Snell, representante de Stoke-on-Trent Central, propuso una enmienda con el objetivo de que el gobierno evaluara el impacto económico de las subidas impositivas sobre Gibraltar antes del 1 de abril de 2027.
Qué propone la enmienda al proyecto de ley de finanzas
La enmienda presentada por Snell solicitaba al ejecutivo británico la publicación de un informe de impacto específico sobre los artículos 83 y 84 de la ley, que contemplan el aumento del impuesto sobre los juegos de azar en línea hasta el 40% y del impuesto sobre las apuestas online hasta el 25%. El plazo exigido para la publicación era el 1 de abril de 2027.
El diputado justificó su propuesta con un argumento concreto: un tercio de los ingresos fiscales de Gibraltar provienen del sector del juego.
Snell también destacó que Gibraltar recauda sus propios impuestos sobre la facturación bruta de los operadores, no sobre los beneficios. Esto significa que una caída en la actividad de los jugadores británicos o un cambio en sus patrones de apuesta podría reducir drásticamente la base impositiva del territorio.
Gibraltar: una economía construida sobre el juego
El territorio britáico de Gibraltar alberga a unas 3,500 personas empleadas directamente por el sector del juego, según los datos citados durante el debate parlamentario.
Desde que se conocieron las subidas impositivas, el ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, fue uno de los primeros en advertir públicamente sobre las consecuencias. El 1 de diciembre de 2024 declaró que el aumento del impuesto al juego en el Reino Unido funciona como «un impuesto sobre los ingresos, no sobre los beneficios», y que los modelos internos apuntan a que la tasa impositiva efectiva para los operadores podría escalar hasta situarse entre el 80% y el 100%.
El argumento del mercado negro y su rechazo parlamentario
Uno de los flancos de la enmienda involucraba también una evaluación sobre el mercado negro: Snell pidió que el gobierno analizara si el aumento de los impuestos podría empujar a más jugadores hacia plataformas sin licencia, reduciendo así la base tributaria y generando riesgos adicionales para los consumidores.
Sin embargo, esta preocupación fue descartada por otros diputados. Alex Ballinger, representante de Halesowen, calificó el argumento del mercado negro como una táctica recurrente de las industrias reguladas para resistir cambios impositivos. «En el sector del juego, la amenaza del mercado negro está exagerada. El mercado regulado es dominante y, en los últimos años, se han producido muchos cambios fiscales que no han incrementado el tamaño del mercado negro», afirmó.
Ballinger respaldó su posición citando un estudio de la Comisión del Juego del Reino Unido de 2021, que determinó que solo una proporción muy pequeña de los jugadores británicos utilizaba sitios web sin licencia para realizar sus apuestas.
Un debate que no cierra con el proyecto de ley
Aunque la enmienda fue rechazada y el proyecto de ley de finanzas avanzó sin modificaciones en este punto, el debate parlamentario dejó instalada una pregunta que no tiene respuesta inmediata: ¿puede el Reino Unido aumentar los impuestos al juego en línea sin comprometer la estabilidad económica de un territorio que depende de ese mismo sector para financiar un tercio de su presupuesto público?
Las próximas semanas, con la entrada en vigor de los nuevos tipos impositivos y el inicio de los controles por parte de la Comisión del Juego, serán clave para comenzar a medir el alcance real de una medida que, según sus críticos, podría tener consecuencias no previstas tanto dentro como fuera del Reino Unido.
