Si el 2021 fue el año de auge de las criptomonedas, el 2022 parece ser el año de las regulaciones. La rápida adopción de las monedas digitales llamó la atención de los entes gubernamentales quienes buscan incorporar marcos legales y tributarios.
Luego de que El Salvador definiera a Bitcoin como moneda de curso legal, China fue el primer país en tomar una decisión respecto al debate. En septiembre del año pasado, el banco central de China declaró que todas las criptomonedas son ilegales, prohibiendo las transacciones con criptomonedas y la minería cripto.
Para el gobierno chino, las monedas virtuales no oficiales representan un riesgo financiero, social y de seguridad nacional además de contribuir al calentamiento global. En el G-20 se instó a los responsables políticos a actuar rápidamente en la elaboración de normas que cubran el mercado de activos digitales, dado el estrecho vínculo con el sistema financiero tradicional. ¿Pero qué países ya implementaron medidas o están pensando en hacerlo?
Rusia
El gobierno ruso avanza en la regulación de las criptomonedas. A través de un documento publicado en la página oficial del Ministerio de Hacienda, el gobierno determinó algunas bases para el proyecto de ley que será tratado en febrero.
En el documento titulado WConcepto de regulación legislativa de los mecanismos para organizar la circulación de monedas digitales”, el gobierno ruso aseguró que los ciudadanos poseen más de 12 millones de cuentas y alrededor de 2 billones de rublos en criptomonedas. Al mismo tiempo, afirma que el país ocupa el tercer lugar en el mundo en minería de Bitcoin. Con un volumen tan grande en criptomonedas, el Banco Central alertó sobre los riesgos en los delitos relacionados con lavado de activos o estafas.
Estados Unidos
En los últimos días, varios medios han reportado que el gobierno de Estados Unidos prepara la publicación de una orden ejecutiva que encargará a las agencias federales la regulación de los activos digitales como Bitcoin y otras criptomonedas como un asunto de seguridad nacional. Asimismo, según fuentes citadas por el medio Barron’s, la orden ejecutiva sobre seguridad nacional, que se espera llegue en febrero, encargaría a partes del gobierno estudiar los activos digitales y diseñar un marco regulatorio que abarque criptomonedas, stablecoins y NFT.
India
India será la primera gran potencia en regular y oficializar las criptomonedas. El gobierno del país asiático ha presentado, según describe Reuters, su regulación de los bienes digitales y las criptomonedas con importantes medidas que pretenden empezar a aplicar en 2023.
Entre ellas se establece la creación de una rupia digital basada en blockchain, adelantándose varios años a la Unión Europea, una deducción en impuestos del 1% en las transacciones y pagos con criptomonedas para la compra de bienes digitales y un impuesto del 30% sobre los ingresos por transferencias de bienes digitales como las criptomonedas o los NFT. La tasa más alta del país, por encima del Impuesto sobre el Lujo que tiene allí el tabaco, los neumáticos o las joyas.
Nirmala Sitharaman, ministro de finanzas indio, explica que “no se permitirá ninguna deducción con respecto a los gastos, excepto el propio coste de adquisición” y que “la pérdida de la transferencia de activos digitales no se podrá compensar”. En el caso de los regalos, también se propone que sean gravados al destinatario. Esto supone cubrir la mayoría de las transacciones relacionadas con las criptomonedas.
Ecuador
El Banco Central del Ecuador anunció que establecerá un nuevo marco regulatorio para Bitcoin y las criptomonedas. Según adelantó Guillermo Avellán, el gerente de la entidad, en diálogo con el medio Bloomberg En Línea, los activos digitales serán regulados en 2022 y se pondrán límites a su comercialización en Ecuador. Por el momento, la única moneda de curso legal en dicho país será el dólar estadounidense y las criptomonedas seguirán siendo activos de inversión.
Uruguay
El crecimiento de las monedas digitales es un fenómeno que se encuentra cada vez más presente en Uruguay. Por eso, el Banco Central de Uruguay (BCU), mediante su programa de innovación financiera Nova BCU, publicó un documento en enero que tiene objetivo de preparar el terreno frente a una posible normativa en la materia en Uruguay.
Bajo el nombre de “Marco conceptual para el tratamiento regulatorio de los activos virtuales en Uruguay”, el BCU cumple con una de sus finalidades más importantes que es lograr la estabilidad de precios, regular y supervisa el funcionamiento del sistema de pagos y el sistema financiero nacional.
Allí se explica el marco conceptual sobre la categoría de los distintos instrumentos y sus operativas. “Dado el rápido desarrollo de los instrumentos conocidos como ‘activos virtuales’ y su creciente operativa tanto a nivel global como doméstico, se considera necesario dar mayor certidumbre y claridad sobre este fenómeno y sus consideraciones normativas, con el objetivo de que su desarrollo en el mercado local, así como su utilización en los distintos servicios financieros sean seguros”, expresó el documento.
Chile
El Senado chileno anunció que presentará un proyecto de “Ley Bitcoin”. El senador Karim Bianchi busca responder a la necesidad de crear un ambiente seguro y otorgar protección a los dueños, intermediarios financieros y personas que interactúan en el mercado digital de transacciones de instrumentos de valor.
El proyecto plantea definiciones como: contratos de criptoactivos, qué se entiende por la intermendiación de contratos financieros y el enrutamiento de órdenes, es decir, recibir y canalizar pedidos de terceros para la compra y venta de instrumentos financieros y de servicios bajo modalidad digital, algo que no era posible antes del proyecto. Le da fortaleza a los reguladores, por ejemplo, a la Unidad de Análisis Financiero para la persecución de lavados de activos.
Argentina
Tanto Chile, como Brasil y Uruguay parecen ser los países menos duros contra los activos. En la Argentina, la discusión parece no estar en contra de los criptoactivos pero sí de implementar mecanismos de regulación y tributación. En el G20, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió al tema, al manifestar que “coincidimos en la importancia del desarrollo de un marco de reunir la información que garantice el pleno cumplimiento de las obligaciones tributarias”.
