En Panamá, los diputados Raúl Pineda y Crispiano Adames presentaron en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que buscó reforzar la regulación del juego de azar y las apuestas online, con el objetivo de prevenir el juego problemático y proteger a la población más vulnerable.
Acusan a casinos y apuestas digitales de elevar juego problemático en Panamá
Pineda advirtió que el auge de casinos físicos y plataformas digitales incrementó los casos de ludopatía, afectando gravemente a familias y comunidades.
Señaló que, aunque Panamá ya contaba con normas para la operación de juegos de azar, estas resultaban insuficientes, pues no existía una política pública integral que financie tratamientos, limite la publicidad y garantice mecanismos de control frente al acceso de menores de edad.
Proyecto de ley exige financiamiento para tratar juego problemático
El proyecto propuso que la industria aporte al financiamiento de programas de prevención y tratamiento, incluyendo la creación de un centro de atención especializado a nivel nacional. También estableció la prohibición del acceso de niños y adolescentes mediante sistemas de verificación biométrica, además de sanciones penales a los operadores que permitieran su participación.
Impulsan restricción de publicidad y auditorías a casas de apuestas
Otra de las medidas incluyó la restricción de publicidad y patrocinios en medios de comunicación, redes sociales y eventos deportivos, así como la participación de figuras públicas en la promoción de las apuestas. El texto planteó además auditorías de la Contraloría General de la República para garantizar transparencia en las ganancias de casinos y casas de apuestas, junto con la correcta tributación de la industria.
Control de tarjetas de crédito para frenar deudas por apuestas
Finalmente, el documento propuso limitar el uso de tarjetas de crédito en plataformas de apuestas para prevenir el endeudamiento descontrolado de los jugadores.
“El juego problemático debía ser atendido con urgencia y responsabilidad. Esta ley representó un paso firme en la protección de los panameños, equilibrando el derecho al entretenimiento con la necesidad de regular una industria que, sin controles adecuados, podía generar crisis familiares y sociales”, concluyó Adames.
