La ley de celulares en escuelas de Buenos Aires ya es una realidad. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó el proyecto que regula el uso de pantallas en los establecimientos educativos de nivel primario y secundario, tanto públicos como privados. Entre sus fundamentos figura la preocupación por el avance de las plataformas de apuestas ilegales sobre menores de edad.
Qué establece la ley de celulares en escuelas de Buenos Aires
La norma busca que los alumnos utilicen las pantallas de manera segura y responsable mientras permanecen en la institución. No plantea una prohibición absoluta de la tecnología: reconoce su valor como recurso para la enseñanza y el aprendizaje, pero exige que su uso tenga reglas claras dentro del horario escolar.
La iniciativa fue presentada por el diputado Martín Rozas. Según explicó, los dispositivos son una herramienta fundamental para fortalecer el proceso educativo, aunque desde hace tiempo se advierten problemáticas asociadas, entre ellas el juego problemático y los efectos sobre la vinculación social.
Un proyecto que volvió a debatirse
El texto ya había sido aprobado por ambas cámaras legislativas de la provincia. Sin embargo, regresó al recinto en la sexta sesión ordinaria del año porque se le introdujeron cambios en su versión final. Uno de ellos fue la incorporación expresa del nivel primario en uno de los artículos, lo que amplió el alcance de la regulación. Estos datos fueron informados por Diputados Bonaerenses.
Qué deberán hacer las escuelas
La ley fija obligaciones concretas para las instituciones:
- Informar y concientizar: deberán explicar a los alumnos de entre 6 y 17 años los riesgos y efectos de la exposición a las pantallas.
- Regular el uso de dispositivos: deberán ordenar su utilización durante la permanencia de los menores en el establecimiento, sin distinción entre gestión pública o privada.
- Aplicar protocolos: la norma contempla la elaboración de protocolos y recomendaciones para implementar la regulación en las aulas.
- Evaluar los resultados: prevé un seguimiento y análisis de la aplicación para realizar ajustes o mejoras si hacen falta.
Protección de los adolescentes dentro de la escuela
Tras la sanción, Rozas sostuvo que el proyecto “viene a darle un lugar seguro a los adolescentes, para que dentro de las instituciones educativas estén más protegidos”. El legislador aclaró que la tecnología es necesaria para el futuro y que los alumnos deben aprender a manejarla, pero advirtió que la sobreexposición a las pantallas resulta perjudicial para los jóvenes.
El contexto: juego ilegal y regulación del juego online en la provincia
La aprobación se produce mientras la Legislatura analiza un proyecto más amplio para regular el juego online en territorio bonaerense. En ese marco, Gonzalo Atanasof, titular del Instituto Provincial de Lotería y Casino (IPLyC), participó de una reunión con la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados.
Durante el encuentro, el funcionario brindó un panorama del sector y reveló que el juego ilegal abarca un 80% del mercado. Según explicó, el organismo no puede controlar ese porcentaje y solo accede a información mediante el ciberpatrullaje y las denuncias que recibe.
Cuánto dinero mueve el juego ilegal en Argentina
Para dimensionar el fenómeno, Atanasof comparó el volumen del mercado ilegal con otras cifras públicas. El último desembolso del FMI fue de 1.000 millones de dólares y el presupuesto del Ministerio de Justicia de la Nación asciende a 1.400 millones de dólares. El juego ilegal en Argentina, en cambio, alcanza los 3.600 millones de dólares, tres veces más que esos otros datos.
El titular del IPLyC se mostró a favor de que avance la propuesta legislativa y ratificó su disposición a colaborar: “Queremos ser parte de la discusión, ayudar desde nuestros datos y conocimiento para poder hacer la mejor ley, que sea la más efectiva y vaya en beneficio de todos los bonaerenses”.
Una señal hacia la protección de menores
La nueva norma y el debate sobre el juego online avanzan en paralelo. Mientras la ley escolar apunta a la prevención y la educación digital en las aulas, el proyecto de regulación del juego busca dar al Estado herramientas de control sobre un mercado que, según el IPLyC, hoy se mueve mayormente fuera del marco legal.
