El mercado de apuestas online en Chile mueve millones de dólares anuales. Miles de usuarios ingresan diariamente a plataformas que ofrecen desde apuestas deportivas hasta juegos de casino virtuales. Sin embargo, ninguna autoridad chilena fiscaliza estas operaciones. Esta aparente paradoja acaba de recibir una explicación oficial contundente.
La Contraloría General de la República zanjó definitivamente una duda que rondaba tanto a usuarios como a autoridades: la Superintendencia de Casinos de Juego simplemente no tiene las herramientas legales para supervisar lo que ocurre en el universo digital de las apuestas. El Dictamen N° E184152N25 cierra un debate y abre interrogantes sobre el futuro de esta industria.
El reclamo que desató el pronunciamiento oficial
Una mujer tomó una decisión difícil pero necesaria para su bienestar: solicitó formalmente ser excluida de todos los casinos del país. El procedimiento funcionó perfectamente para los establecimientos físicos. Su nombre quedó registrado y ningún casino autorizado podría permitirle el ingreso, incluso si ella lo solicitara posteriormente.
Pero había un problema. Esa misma persona podía, en cualquier momento del día o la noche, desde su celular o computador, acceder a decenas de sitios de apuestas online. La barrera institucional que había construido para protegerse solo funcionaba en el mundo físico. El mundo digital permanecía completamente abierto.
Frustrada por esta situación, presentó un reclamo formal ante la Superintendencia de Casinos de Juego exigiendo que la autoexclusión se extendiera a las plataformas digitales. La respuesta fue negativa. La SCJ argumentó que carecía de facultades para intervenir en ese ámbito. Insatisfecha, elevó su caso a la Contraloría General.
Un organismo sin instrumentos para actuar
En Chile, la Superintendencia de Casinos de Juego se fundó con un propósito claro: vigilar que los casinos autorizados cumplan la ley. Su estructura, procedimientos y facultades fueron diseñados pensando en edificios físicos, con máquinas tragamonedas tangibles, mesas de juego visibles y personal que trabaja en horarios específicos.
Cuando la Contraloría le solicitó explicar su posición, la SCJ fue directa: su poder de fiscalización está definido taxativamente por la Ley N° 19.995, que regula exclusivamente los casinos con permiso de operación física. Todo lo que ocurre fuera de esos recintos está, literalmente, fuera de su alcance legal.
Esta limitación no es una decisión administrativa ni una interpretación laxa de sus responsabilidades. Es un hecho jurídico: la ley que creó a la Superintendencia nunca contempló la existencia de plataformas digitales. Y en derecho administrativo, los organismos públicos solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les autoriza.
Un mecanismo de protección que no cruza al mundo virtual
La autoexclusión es una herramienta poderosa de protección. Cuando una persona reconoce que tiene problemas con el juego, puede solicitar ser incluida en un registro nacional. Todos los casinos autorizados consultan ese registro antes de permitir ingresos. Si alguien autoexcluido intenta entrar, debe ser rechazado.
Este mecanismo ha ayudado a miles de personas en sus procesos de recuperación o control. Construye una barrera institucional que apoya la voluntad personal en momentos de vulnerabilidad. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, en todos los casinos del país.
Pero según aclaró la Contraloría, este sistema no puede extenderse a plataformas digitales por una razón simple: la autoexclusión está regulada en la normativa de casinos físicos, no en una ley general de protección al jugador. Solo funciona donde esa normativa tiene vigencia.
El crecimiento de una industria sin supervisión
Mientras la legislación permanece anclada en 2005, la realidad del mercado cambió radicalmente. Las apuestas online pasaron de ser prácticamente inexistentes a convertirse en una industria de proporciones significativas.
Plataformas internacionales operan libremente ofreciendo sus servicios a usuarios chilenos. Publicitan en medios masivos, patrocinan eventos deportivos y procesan pagos sin obstáculos significativos. Técnicamente funcionan desde jurisdicciones extranjeras, pero sus usuarios están en Chile.
Esta situación genera múltiples tensiones. Usuarios sin protecciones institucionales, operadores sin certeza jurídica, Estado sin capacidad de fiscalización ni recaudación tributaria, y personas vulnerables sin acceso a mecanismos de ayuda.
Las consecuencias de operar en zona gris
El dictamen de la Contraloría tiene implicancias concretas para todos los involucrados. Para la Superintendencia, confirma que no debe desviar recursos hacia un ámbito donde legalmente no puede actuar. Su foco debe mantenerse en los casinos autorizados.
Para los usuarios, el mensaje es claro: al utilizar plataformas digitales de apuestas están en un espacio sin las garantías del sistema regulado. No hay autoridad que verifique la equidad de los juegos, la solvencia de los operadores o el cumplimiento de pagos de premios.
Para las plataformas digitales que operan dirigidas al mercado chileno, el panorama es ambiguo. No enfrentan fiscalización de la SCJ, pero tampoco cuentan con un marco legal que les otorgue certeza jurídica. Operan sabiendo que podrían enfrentar acciones judiciales sin poder ampararse en una licencia o autorización.
Un desafío de política pública pendiente
El pronunciamiento de la Contraloría no resuelve el problema de fondo, lo hace visible. Chile tiene un mercado de apuestas online en pleno crecimiento que funciona completamente al margen del sistema institucional diseñado para la industria del juego.
Esta situación genera riesgos múltiples. Desde la salud pública, existen personas con conductas problemáticas de juego sin acceso a mecanismos de protección institucional. Desde lo fiscal, el Estado deja de percibir impuestos por una actividad económica significativa. Y desde la seguridad, operaciones sin supervisión podrían facilitar ilícitos.
La solución requiere acción legislativa. Mientras el proyecto de ley no se apruebe e implemente, persistirá esta situación donde una industria opera sin el marco regulatorio que correspondería a su naturaleza e impacto social.
