El presidente de Fecoljuegos, Evert Montero Cardenas, encendió el debate sobre la regulación del juego en Colombia con una columna publicada en el diario La República. En ella, advierte que el sector enfrenta riesgos estructurales derivados de un debate público que, a su juicio, se sustenta más en percepciones que en análisis técnicos, y que las decisiones regulatorias adoptadas bajo esa lógica pueden comprometer la estabilidad de una industria que financia directamente el sistema de salud del país.
Un debate construido sobre percepciones, no sobre datos
Montero sostiene que uno de los problemas centrales del entorno regulatorio colombiano es la forma en que se construye el diagnóstico del sector. Según plantea, con frecuencia se legisla con base en cifras incompletas, se emiten juicios sin comprender el modelo económico que sostiene la actividad y se toman decisiones bajo una lógica coyuntural más política que técnica.
Esta dinámica, a su entender, representa uno de los mayores riesgos actuales para una industria que opera bajo un esquema altamente regulado: los operadores autorizados deben cumplir estándares estrictos en materia de reporte, auditoría, prevención de lavado de activos, protección al consumidor y juego responsable. Sin embargo, el debate público tiende a ignorar esa realidad.
El modelo económico del juego: por qué el volumen apostado no equivale a ingreso
Uno de los puntos más enfáticos de la columna de Montero es la distorsión que genera equiparar el volumen total apostado con los ingresos reales de las compañías. El dirigente gremial explica que aproximadamente el 95% de las apuestas retorna a los jugadores en forma de premios. El margen operativo restante debe cubrir costos tecnológicos, licenciamiento, cumplimiento regulatorio, inversión en seguridad, personal, tributos y transferencias obligatorias al sistema de salud.
Bajo ese esquema, afirma que no se trata de rentabilidades extraordinarias, sino de un «equilibrio matemático delicado» que garantiza tanto la sostenibilidad del negocio como el recaudo para el Estado. Cuando la regulación ignora esta estructura, advierte, el impacto puede ser profundo y comprometer la viabilidad de todo el sector formal.
Inestabilidad jurídica y tributaria: los riesgos que frenan la inversión
Montero también señala la inestabilidad jurídica y, en particular, la tributaria como riesgos estructurales que afectan la competitividad del sector. Los cambios frecuentes en las reglas, las interpretaciones variables de la normativa y los ajustes diseñados sin análisis técnico generan incertidumbre, dificultan la planeación financiera e inhiben la inversión.
A su juicio, un entorno impredecible no solo debilita a los operadores formales, sino que reduce la competitividad del mercado colombiano frente a otras jurisdicciones con marcos regulatorios claros y estables.
Sobrerregulación: el mercado ilegal que avanza cuando el formal no puede moverse
Otro de los riesgos identificados por el presidente de Fecoljuegos es la sobrerregulación y las demoras administrativas en autorizaciones, trámites y homologación de nuevos productos. Cuando la oferta legal no puede evolucionar con agilidad, sostiene, el mercado ilegal ocupa ese espacio con mayor rapidez, ofreciendo modalidades no autorizadas, promociones agresivas y condiciones sin ningún tipo de control estatal.
La diferencia es contundente: los operadores ilegales no pagan impuestos, no transfieren recursos al sistema de salud, no protegen al consumidor y no aplican políticas de juego responsable. Bajo esa lógica, Montero advierte que cada barrera innecesaria impuesta al sector formal se convierte, en la práctica, en una ventaja competitiva para la ilegalidad.
Lo que el sector pide: estabilidad, proporcionalidad y evidencia
Montero cierra su análisis dejando en claro que el sector no está reclamando privilegios. Lo que pide, dice, es estabilidad regulatoria, proporcionalidad en las decisiones y políticas públicas sustentadas en datos rigurosos y metodologías claras.
Su argumento es directo: un mercado formal, técnicamente regulado y financieramente viable aporta recursos sostenibles al Estado, genera empleo y protege mejor al consumidor que un mercado debilitado por la incertidumbre o desplazado hacia la informalidad.
