Por primera vez en la historia legislativa de Estados Unidos, el Congreso analiza un proyecto de ley de alcance federal destinado a financiar programas de prevención, tratamiento y recuperación para personas con adicción al juego. La iniciativa, conocida como Ley POINTS, llega en un momento en que las apuestas deportivas online continúan expandiéndose a un ritmo acelerado en todo el país, generando preocupaciones crecientes entre especialistas en salud pública y organizaciones de juego responsable.
La propuesta fue presentada el 9 de marzo durante el Mes de Concientización sobre la Ludopatía, una coincidencia que sus impulsores describieron como deliberada, y ese mismo día fue enviada al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para su análisis.
Qué establece la HR 7875, la Ley POINTS
La HR 7875, oficialmente denominada Ley de Oportunidades para Personas con Necesidad de Tratamiento y Apoyo de 2026, no propone la creación de nuevos impuestos ni fuentes de financiamiento adicionales. En cambio, plantea redirigir ingresos federales ya existentes provenientes del sector del juego hacia programas concretos de atención al juego problemático. Según sus defensores, el monto disponible podría alcanzar hasta 100 millones de dólares.
El proyecto tiene como patrocinadora principal a la representante Erin Houchin, de Indiana, y cuenta con el apoyo activo de Andrea Salinas, de Oregón, así como de los copatrocinadores Mariannette Miller-Meeks, de Iowa, y Troy Carter, de Luisiana. La diversidad partidaria y geográfica de los impulsores del proyecto es leída por sus defensores como una señal de que el tema trasciende las divisiones políticas habituales.
Por qué sus impulsoras consideran que la adicción al juego es un problema federal
Houchin argumentó que la adicción al juego puede destruir a las familias de forma silenciosa, ya que el daño financiero y el desgaste emocional suelen acumularse durante años antes de hacerse visibles, afectando a muchas más personas que el propio apostador. Para la legisladora, el crecimiento del acceso a las apuestas deportivas y al juego online impone al Congreso la responsabilidad de actuar.
Miller-Meeks fue más enfática al plantear que la adicción al juego no es un asunto privado ni individual, sino un problema de salud pública con consecuencias directas para las familias y la sociedad en su conjunto, y que como tal debe ser tratado con recursos públicos a la altura del desafío.
Salinas, por su parte, puso el foco en la velocidad del cambio: el crecimiento del mundo de las apuestas deportivas y los juegos online ha superado la capacidad de respuesta de los sistemas estatales de salud, y su propuesta apunta a usar los impuestos especiales sobre el juego ya recaudados para cerrar esa brecha.
El respaldo de las organizaciones de juego responsable en Estados Unidos
Fuera del Congreso, el proyecto recibió el apoyo explícito del Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego (NCPG), una de las organizaciones de referencia en la materia a nivel nacional. Para el NCPG, la Ley POINTS representa el primer reconocimiento formal por parte del gobierno federal de que la adicción al juego es un problema de salud pública legítimo que requiere una respuesta coordinada a escala nacional.
La directora ejecutiva del NCPG, Heather L. Maurer, destacó que los estados y las comunidades tribales necesitan un apoyo federal estable para ampliar sus servicios de prevención y tratamiento, y que este proyecto ofrece un mecanismo de financiamiento sostenible para lograrlo.
Un debate que recién comienza en el Congreso
El envío de la Ley POINTS al Comité de Energía y Comercio marca el inicio de un proceso legislativo cuyo resultado es todavía incierto. Sin embargo, el hecho de que la propuesta cuente con patrocinadores de distintos estados y alineaciones políticas sugiere que existe una base de apoyo más amplia que en iniciativas anteriores sobre la materia.
El contexto también juega a favor de la discusión: desde la decisión de la Corte Suprema que en 2018 abrió la puerta a la legalización de las apuestas deportivas en todos los estados, el mercado creció de forma exponencial, y con él la exposición de la población a entornos de juego accesibles desde cualquier dispositivo móvil. La pregunta que la Ley POINTS intenta responder es si el gobierno federal está dispuesto a asumir que ese crecimiento tiene un costo en salud pública que no puede seguir siendo ignorado.
