En Brasil, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), dependiente del Ministerio de Hacienda, y el Servicio Federal de Ingresos notificaron a 37 empresas fintech sospechosas de mover fondos provenientes de casas de apuestas irregulares.
Según reveló el diario Folha de S.Paulo, estas fintech procesaban pagos para 160 sitios que funcionaban sin autorización en Brasil. Las instituciones deben cortar sus vínculos con esos operadores y bloquear las transacciones vinculadas a ellos. Los fondos retenidos pasarán al Tesoro Nacional.
En paralelo, el Poder Ejecutivo cerró 54 páginas web dedicadas a las apuestas ilegales, gracias a un acuerdo con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). El gobierno no dio a conocer los nombres de las empresas notificadas ni los montos involucrados, para no afectar las investigaciones en curso.
Un decreto en Brasil basado en la ley antifraude
La medida se apoya en un decreto firmado por el presidente Lula en junio de 2026, que retoma mecanismos similares a los usados en la Ley Antifraude contra el crimen organizado. La norma permite bloquear fondos de origen ilegal y hace responsables, de forma solidaria, a las fintech que no cumplan la orden. Estas empresas podrían enfrentar multas calculadas sobre el monto total de las transacciones irregulares.
Hasta ahora no se aplicó ninguna congelación de activos. El Ministerio de Hacienda dio plazo a las instituciones financieras hasta finales de agosto para adecuarse a la norma. Después de esa fecha, cada notificación vendrá acompañada de un bloqueo inmediato de fondos y de una investigación del Ministerio de Justicia, que definirá las sanciones.
El gobierno eligió este camino luego de que fallaran los intentos de involucrar al Banco Central en el proceso. Una fuente oficial explicó que, según el propio Banco Central, el procedimiento habitual es enviar la solicitud de congelamiento, pero la ejecución queda en manos de cada institución financiera. Si esta no actúa, el regulador solo puede emitir una advertencia, sin poder de sanción directa.
Un mercado informal que mueve a millones de usuarios
El Ejecutivo calcula que entre el 41% y el 51% de los sitios de apuestas activos en Brasil operan sin licencia, con una base estimada de 25,2 millones de usuarios. Cinco empresas que funcionaban de manera clandestina cerraron sus operaciones poco después de que se publicara el decreto.
Los operadores irregulares no pagan la licencia de aproximadamente 5,5 millones de dólares que exige el Tesoro, no tributan impuestos y no respetan las reglas de publicidad responsable ni los mecanismos de autoexclusión para jugadores. En cambio, los operadores con licencia deben tener sede en Brasil, mantener una reserva de unos 910.000 dólares para garantizar el pago de premios, pagar un impuesto del 12% sobre las ganancias netas y usar el dominio “.bet” en sus direcciones web.
Del boom de 2019 a la regulación actual en Brasil
El mercado de apuestas creció en Brasil desde 2019, cuando el gobierno de Michel Temer legalizó las apuestas de cuota fija, en las que el jugador conoce de antemano la ganancia posible. La tarea de regular el sector quedó pendiente durante el gobierno de Jair Bolsonaro, lo que permitió que muchas empresas operaran desde el exterior, a veces en paraísos fiscales, sin reglas claras ni obligaciones fiscales.
Desde 2023, el gobierno de Lula impulsó una ley para ordenar el sector. Durante su debate en el Congreso, los legisladores sumaron al texto la autorización para juegos virtuales, como los casinos en línea y el conocido “juego del tigre”. Durante el pasado Mundial, la fuerte presencia publicitaria de las casas de apuestas en las transmisiones generó críticas de los Ministerios de Hacienda y Justicia, además de campañas en redes sociales impulsadas por artistas e influencers.
