En Argentina, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires comenzó a debatir una reforma a la Ley del Juego N° 15.079 que, de aprobarse, cambiaría de forma sustancial las reglas de publicidad para los operadores de apuestas online habilitados en el distrito. El proyecto, presentado por los legisladores Fabián Luayza y Viviana Romero, apunta directamente a cerrar un vacío normativo que, según sus impulsores, viene siendo aprovechado por el mercado para captar usuarios menores de edad a través de canales digitales.
La particularidad de la iniciativa es que no se limita a la publicidad tradicional, sino que busca alcanzar formas de promoción que hasta ahora quedaban fuera del radar regulatorio: acuerdos con figuras públicas, contenido patrocinado en redes sociales y estrategias de marketing de afiliación.
Una comisión que empieza a mostrar actividad legislativa en Buenos Aires
El proyecto llega apenas meses después de que se conformara formalmente la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, creada en febrero de 2026 y presidida por la diputada Micaela Olivetto. Durante buena parte de su primer semestre de existencia, la comisión funcionó con escasa actividad pública, por lo que la presentación de esta iniciativa representa una de las primeras señales concretas de trabajo legislativo sobre la industria del juego en la provincia.
El órgano fue diseñado para centralizar el tratamiento de proyectos vinculados a la regulación, el control y la fiscalización del sector, un rol que hasta su creación se encontraba disperso entre distintas comisiones de la Legislatura bonaerense.
Qué prohibiría la reforma en materia de publicidad
El núcleo del proyecto es la incorporación de una prohibición expresa: los operadores de juego online autorizados no podrían contratar influencers, streamers, deportistas profesionales, artistas, figuras públicas ni instituciones deportivas para promocionar sus plataformas. La restricción alcanzaría un espectro amplio de formatos publicitarios, entre ellos publicaciones patrocinadas, canjes de productos o servicios, menciones comerciales, códigos de descuento y enlaces de afiliación difundidos en redes sociales o plataformas digitales.
Según los impulsores de la iniciativa, la legislación vigente regula la publicidad directa de los operadores, pero deja fuera estas formas de promoción indirecta, que consideran especialmente eficaces para atraer a usuarios jóvenes.
La iniciativa también introduce límites específicos para cualquier pieza publicitaria que utilice elementos visuales, sonoros o personajes con atractivo particular para menores de 18 años, así como para la difusión de este tipo de contenido en espacios, eventos o plataformas orientadas a audiencias infantiles y adolescentes.
Verificación de edad con estándares técnicos más exigentes
Además del capítulo publicitario, el proyecto plantea obligaciones nuevas para los operadores en materia de verificación de identidad. Entre los mecanismos previstos se incluyen sistemas de biometría, reconocimiento facial, validación documental electrónica e interoperabilidad con registros oficiales para constatar la edad real de los usuarios.
La norma prevé un protocolo de reacción para los operadores en caso de detectar una cuenta perteneciente a una persona menor de edad: suspensión preventiva del usuario, bloqueo inmediato de nuevas operaciones de juego y adopción de medidas para impedir reingresos irregulares a la plataforma.
Sanciones graduales según la gravedad de la infracción
El esquema sancionatorio propuesto contempla multas o suspensión temporal de la autorización para operar, con una graduación que dependerá de la gravedad de la infracción, su reiteración y el perjuicio ocasionado. Para los casos más severos, el proyecto habilita incluso la revocación definitiva de la licencia, la sanción más alta prevista en el régimen actual de la actividad.
El argumento detrás de la iniciativa
Al fundamentar el proyecto, Luayza y Romero pusieron el foco en la expansión sostenida de las apuestas online durante los últimos años, un crecimiento que atribuyen a la masificación de los teléfonos móviles, las redes sociales y las plataformas de streaming como canales de consumo cotidiano entre los más jóvenes.
Los legisladores fueron explícitos en aclarar el alcance de la propuesta: no busca alterar el régimen legal de explotación del juego autorizado en la provincia ni restringir las actividades lícitas de los operadores habilitados. Su objetivo, según remarcaron, es fortalecer los mecanismos preventivos ya existentes y adecuar la legislación provincial a los desafíos que plantea el escenario tecnológico actual.
