El mercado de apuestas en Etiopía sigue cerrado y sin fecha de regreso. Desde julio, el Servicio de Lotería de Etiopía (ELS) sostiene que ningún operador tiene una licencia válida, y hasta ahora no ha informado de un nuevo proceso de concesión ni de un calendario de reapertura. Mientras tanto, el Gobierno trabaja en un modelo con más supervisión, impulsado por un borrador de auditoría que detectó pagos pendientes al Estado por unos 169 millones de dólares.
Qué reveló el borrador de auditoría en Etiopía
Según un informe de Fana Media Corporation, los operadores de apuestas deportivas y loterías procesaron transacciones por unos 1.221 millones de dólares durante el período analizado. Un solo operador concentró alrededor de 53 millones de dólares, y diez empresas sumaron cerca de 117 millones de dólares.
El documento indica que se debían al Estado unos 184 millones de dólares en comisiones, pero solo se abonaron cerca de 22 millones. El déficit total, de unos 169 millones de dólares, incluye además multas, tasas de renovación de licencias y cargos de registro.
La evaluación es provisional. La auditoría completa no se ha publicado y las cifras de cada categoría no coinciden exactamente entre sí.
Acciones legales y control digital
El director ejecutivo del ELS, Beza Girma, anunció que el organismo recurrirá a la vía legal para recuperar los montos identificados cuando concluya la auditoría. También adelantó que se desarrolla un sistema digital unificado para registrar y vigilar las obligaciones financieras y legales de los operadores. Según el regulador, cualquier relanzamiento contará con mayor supervisión y tecnología moderna.
De la suspensión a la revocación de licencias
El cierre del mercado se produjo en dos etapas. El 4 de diciembre de 2025, el ELS suspendió a 22 operadores mientras investigaba presuntas irregularidades normativas y financieras. El 15 de diciembre revocó todas las licencias de apuestas deportivas y ordenó detener la actividad, tanto en línea como presencial.
La ofensiva continuó en 2026. En agosto, el Servicio de Comunicación del Gobierno informó de medidas contra 38 empresas, acusadas de ocultar datos de clientes, evadir impuestos, encubrir ingresos y realizar transacciones financieras ilícitas. Según la versión oficial, se detuvo a propietarios y se congelaron cuentas bancarias. El comunicado no identificó a las compañías ni explicó el resultado de los casos.
Estas medidas siguen a las advertencias del ministro de Estado de Cultura y Deportes, Mekiyu Mohammed, quien habló en marzo ante el Parlamento de un alto nivel de ilegalidad en las apuestas deportivas.
El recurso de Hulu Sport
El operador Hulu Sport impugnó la decisión del regulador ante el Tribunal Federal Superior. Su argumento central fue que ser sospechoso en una investigación penal no equivale a ser culpable. El tribunal anuló la medida porque la empresa no tuvo oportunidad de responder a las acusaciones.
Según Addis Fortune, el regulador apeló y consiguió una suspensión de 15 días mientras el Tribunal de Casación revisa el caso. La sentencia cuestionó el procedimiento seguido, no el fondo de las acusaciones financieras.
Quién regula las apuestas
Antes del cierre hubo un choque institucional. Durante el debate parlamentario de marzo, Girma rechazó una disposición que habría dado al Ministerio de Cultura y Deportes un papel en definir las condiciones operativas de las apuestas. A su juicio, eso llevaría al ministerio a actuar fuera de su ámbito. Explicó que las facultades de licencia y supervisión corresponden al Ministerio de Ingresos, que las delegó en el ELS hasta que exista una ley detallada.
La ministra de Cultura y Deportes, Shewit Shanka, respondió que el texto planteaba un marco operativo con participación de varios organismos, y no una invasión de competencias. Reconoció, además, que las apuestas no se habían gestionado bien. Mekiyu propuso que parte de sus ingresos financiara el desarrollo deportivo.
La Proclamación Federal de Desarrollo y Gestión Deportiva n.º 1413/2026, publicada en el Boletín Oficial el 3 de julio, no incluyó esa disposición. Su artículo 56 crea un Fondo Federal para el Desarrollo Deportivo, pero no señala las apuestas como fuente de recursos y deja los detalles a una reglamentación del Consejo de Ministros. Con ello se evitó el esquema de doble supervisión que Girma criticaba.
