La ludopatía en Brasil se instaló en la agenda pública después de que Folha de S.Paulo difundiera, el 20 de octubre de 2026, un estudio del Ministerio de Trabajo sobre las bajas laborales asociadas al juego patológico. El documento, elaborado por la Subsecretaría de Estadística y Estudios Laborales, relaciona la regulación del mercado de apuestas con un fuerte crecimiento de los casos. Sin embargo, el debate no se centra en la tendencia sino en cuánto permiten afirmar las cifras.
Qué registra el informe del Ministerio de Trabajo
Según el estudio, los asegurados que cobraron prestaciones por incapacidad temporal del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) por ludopatía fueron 67 en 2023, 136 en 2024 y 363 en 2025. Eso implica un aumento superior al 400% en dos años. El documento concluye que la legalización muestra una estrecha relación con el aumento de la ludopatía y plantea la restricción del juego como medida de salud mental.
Una cifra alta en porcentaje, pequeña en términos absolutos
Datos de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF), obtenidos por BNLData mediante la Ley de Acceso a la Información, indican que el mercado regulado registró 28.128.172 CPF únicos activos en 2025 y 30.895.934 en el primer semestre de 2026. Con esa base, las 363 bajas equivalen al 0,0013% de los registros, es decir, cerca de un caso por cada 77.000.
Como referencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cita encuestas según las cuales alrededor del 1,2% de los adultos en el mundo tiene algún trastorno del juego. Aplicado a 28,1 millones de registros, el cálculo arroja más de 337.000 personas. Se trata de una comparación aproximada: los registros no equivalen necesariamente a jugadores activos y las bajas del INSS solo recogen a trabajadores formales que pasaron por una evaluación médica pericial.
Las advertencias que incluye el propio estudio
De acuerdo con Folha, la subsecretaria Paula Montagner, responsable del informe, reconoce que no hay datos suficientes para atribuir el aumento de los despidos… en realidad de las bajas, a la ludopatía. El documento señala que las cifras iniciales deben interpretarse con cautela porque corresponden a grupos reducidos con acceso a la prestación. Las bajas, además, pueden reflejar un mayor número de diagnósticos y no solo de casos: BNLData apunta que el trastorno hoy tiene más visibilidad y que el Sistema Único de Salud (SUS) creó un servicio de telemedicina específico.
Brasil: Qué dice el calendario regulatorio
BNLData cuestiona también la cronología del informe. Recuerda que las apuestas de cuota fija estaban autorizadas desde la Ley n.º 13.756/2018 y operaron cinco años sin supervisión, y que la Ley n.º 14.790/2023 estableció reglas para un mercado ya existente. Añade que las normas de publicidad se endurecieron con ordenanzas de la SPA/MF y que el mercado regulado comenzó a operar el 1 de enero de 2025, por lo que 2024 fue un período de transición. Folha, en cambio, sostiene que con la regulación las casas de apuestas pudieron ampliar su publicidad.
Recaudación destinada a salud y seguridad social
La contribución sobre los ingresos brutos del juego (GGR) fue del 12% en 2025 y del 13% en 2026. Según las planillas de la SPA/MF citadas por BNLData, cerca del 10% de lo transferido a los destinatarios legales de esos recursos va a la Seguridad Social y un 1% al Ministerio de Salud.
En 2025, la Seguridad Social recibió R$ 450,9 millones del sector (unos US$ 90 millones). El Ministerio de Salud recibió R$ 44,9 millones ese año (US$ 9 millones) y R$ 24,19 millones en el primer semestre de 2026 (US$ 4,8 millones), un total cercano a R$ 69 millones (US$ 13,8 millones) en 18 meses, destinado al programa de atención a personas con problemas relacionados con el juego, que incluye telesalud del SUS. En 17 meses de recaudación efectiva, la contribución sobre el GGR sumó R$ 6.640 millones (unos US$ 1.328 millones).
El impacto de la medida provisional en discusión
El estudio llega en paralelo a la Medida Provisional n.º 1.394/2026, que impulsa la prohibición. BNLData proyecta que los destinatarios legales podrían dejar de percibir hasta R$ 18.000 millones (cerca de US$ 3.600 millones) hasta el fin de las concesiones, en 2029. Según esa misma fuente, más del 40 % del mercado ya operaba al margen de la ley antes de la medida, y las plataformas ilegales no aplican verificación de edad ni autoexclusión ni aportan recursos al SUS o al INSS.
El Ministerio de Trabajo sostiene que restringir el juego es una medida de salud mental. El sector y los analistas que lo siguen plantean que, sin mercado regulado, el Estado perdería ingresos y herramientas de supervisión. Ambas posturas coinciden en un punto: la discusión depende de datos que, por ahora, el propio informe considera preliminares.
