El crecimiento de las apuestas deportivas plantea un desafío para Ecuador: aprovechar su contribución económica sin descuidar la protección de los usuarios y la integridad de las competiciones. En entrevista con Metro Ecuador, Mariana Chamelette, abogada especialista en Derecho Deportivo y vicepresidenta del Tribunal de Justicia Deportiva del Fútbol Paulista, afirmó que el Estado debe proteger a las personas y no ignorar un problema real. Para Ecuador, propone avanzar en tres frentes: salud mental, educación y economía.
La lección de Brasil para Ecuador
Brasil emitió el 25 de septiembre de 2026 la Medida Provisional 1.394, que prohíbe la oferta, la intermediación y la publicidad de apuestas de cuota fija. Las plataformas debían cerrar el 6 de octubre. La decisión llegó después de años de construir un sistema con licencias, impuestos e identificación de usuarios.
Chamelette duda de que la prohibición resuelva el problema. Según explicó, los usuarios pueden migrar a plataformas clandestinas, sin límites de gasto ni protección financiera. Por eso, el debate para Ecuador es cómo mantener un mercado supervisado sin empujar la actividad hacia circuitos difíciles de controlar.
Salud mental: prevención de la ludopatía en Ecuador
La Organización Mundial de la Salud advierte que las apuestas pueden causar trastornos del juego, deudas y conflictos familiares. Chamelette señaló que Brasil ofrecía servicios de atención, pero muchos ciudadanos no sabían cómo acceder a ellos. Para la abogada, la prevención exige límites económicos y sistemas que detecten conductas de riesgo.
La Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, publicada el 11 de febrero de 2026, ya protege a los usuarios en Ecuador. Su artículo 220 obliga a las plataformas a prevenir la ludopatía, proteger a los menores, resguardar los datos personales y actuar con transparencia. Sin embargo, que la norma exista no prueba que se aplique con eficacia.
Educación ciudadana en Ecuador
Chamelette sostiene que la regulación debe acompañarse de educación desde la infancia, con respeto a la prohibición de apostar para menores. Los ciudadanos deben saber que las apuestas no son una fuente segura de ingresos. También pidió reglas claras para las empresas y campañas informativas para las familias.
La formación debe alcanzar al deporte profesional. La abogada recordó el caso de un futbolista que recibía capacitaciones periódicas sobre las restricciones de apuestas y la integridad de los torneos. En Ecuador, el reto es sumar a instituciones públicas, clubes, familias y operadores en estrategias permanentes de prevención y educación financiera.
Economía: empleo, patrocinios y control en Ecuador
El sector genera empleo, impuestos y financiamiento deportivo. Chamelette explicó que la regulación brasileña imponía obligaciones a los operadores y producía recursos para varios sectores. Advirtió que la salida abrupta de empresas autorizadas afecta a sus trabajadores y a las instituciones que recibían su dinero. “El fútbol pierde dos veces: pierde los patrocinios y pierde en la integridad”, afirmó.
Según su planteamiento, los operadores supervisados pueden ayudar a detectar movimientos sospechosos y a prevenir el amaño. Ese beneficio no elimina los riesgos ni reemplaza una fiscalización independiente. Los operadores de pronósticos en Ecuador ya tienen obligaciones tributarias y deben reportar información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para prevenir el lavado de activos.
Qué necesita Ecuador para una regulación responsable
Para Chamelette, la protección ciudadana requiere una respuesta coordinada entre el Gobierno, los operadores, las organizaciones deportivas y la sociedad. Considera indispensables cinco ámbitos:
- Atención de salud mental
- Formación ciudadana
- Supervisión económica
- Publicidad responsable
- Protección de la integridad deportiva
Como Ecuador ya tiene normas sobre pronósticos deportivos, la prioridad es verificar su cumplimiento, identificar los controles que faltan y definir qué institución responde por cada tarea. El debate, concluyó la especialista, va más allá de permitir o prohibir: salud mental, educación y economía deben avanzar juntas para que la regulación responda a las necesidades de la sociedad.
