La regulación de las apuestas online volvió a la agenda política de Argentina. Tras la prohibición total aplicada en Brasil, el Congreso y las provincias argentinas analizan cómo ordenar un negocio que mueve millones de pesos por mes y preocupa por su efecto en menores y jóvenes.
En el Senado permanecen pendientes dos iniciativas con objetivos y alcances diferentes. Una de ellas obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024 y podría perder estado parlamentario si no avanza antes de finalizar el período correspondiente. La otra fue presentada por el Poder Ejecutivo en mayo de 2026 y todavía no ha sido debatida por los senadores.
Qué propone cada texto en el país
La diferencia central es el enfoque. La versión de Diputados endurece las condiciones para todos los operadores: publicidad, límites de pago, autoexclusión y verificación de identidad. El proyecto del Gobierno se concentra en combatir las plataformas ilegales y proteger a los menores. Incluye penas de prisión para los organizadores de apuestas clandestinas y mecanismos de bloqueo de sitios.
En publicidad, el texto oficial prohíbe los anuncios dirigidos a menores y los que asocian el juego con el éxito económico o social. Sin embargo, mantiene los anuncios y los patrocinios deportivos. La media sanción, en cambio, impone restricciones más amplias sobre promoción, publicidad y acuerdos con clubes.
La presión de las empresas
Según trascendió, las compañías del sector intentan influir en el debate. Su reclamo principal es que las restricciones más duras recaerían sobre los operadores autorizados, mientras las plataformas clandestinas seguirían sin control. Esta postura coincide con la de voces del bloque libertario, que advierten sobre la alta informalidad del mercado argentino.
Para las empresas, limitar la captación de usuarios jóvenes y los convenios con el deporte afectaría sus ingresos. Quienes impulsan el texto estricto sostienen que esa exposición publicitaria es parte del problema, sobre todo por su impacto en niños y adolescentes.
Un debate que también llega a Buenos Aires
La discusión no se limita al Congreso Nacional. En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, los diputados de Fuerza Patria Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto impulsan un proyecto integral con exigencias más duras. Propone eliminar los bonos de bienvenida y los programas de fidelización, y reforzar las herramientas contra los sitios ilegales. También plantea un gravamen del 100% del gasto publicitario, destinado a salud mental, y un aporte sobre los premios para financiar clubes e instituciones sociales.
Según la agenda legislativa, el 19 de octubre se realizó una reunión conjunta de comisiones. El oficialismo buscaba llevar la iniciativa al recinto el 20 de octubre para obtener media sanción.
La Iglesia y el límite de tiempo
La Iglesia Católica presiona para que el Senado trate con urgencia el proyecto más restrictivo antes de que caduque. El oficialismo defiende su propia iniciativa, que prioriza combatir la ilegalidad sin recargar de regulaciones a los operadores formales.
Qué está en juego en Argentina
La definición no depende solo de que exista una ley nacional, sino de cuál de los dos modelos prevalezca. También se decidirá cuánto margen conservarán las provincias argentinas para regular con sus propias licencias y controles.
Una regulación estricta podría encarecer el acceso al juego legal y reducir la exposición de los más jóvenes. Una versión centrada en la ilegalidad dejaría más libertad a las plataformas autorizadas, pero con el riesgo de que el mercado informal siga dominando.
Con el año legislativo por cerrar, el Senado decidirá qué texto avanza. Esa decisión marcará el futuro de una industria que creció de forma explosiva en los últimos años y que hoy genera tanto negocios millonarios como fuertes debates sociales.
