Perú todavía no cuenta con un marco legal eficaz para prevenir, investigar y sancionar la manipulación de partidos. Esa es la advertencia de la Asociación Peruana de Apuestas Deportivas En Línea y Afines (APADELA), que publicó un comunicado tras las denuncias de dos clubes de fútbol sobre mensajes dirigidos a sus jugadores. Las instituciones afirman que esas comunicaciones podrían atentar contra la integridad de las competiciones.
El pronunciamiento del gremio reabre el debate sobre las herramientas con las que cuenta el Estado para proteger el deporte profesional. También pone el foco en una norma que no prosperó hace más de un año.
Qué plantea APADELA
La asociación expresó su profunda preocupación por los anuncios de la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) y del Club Deportivo Moquegua. Pidió que las autoridades competentes investiguen los hechos con la mayor rigurosidad, esclarezcan lo ocurrido y determinen las responsabilidades que correspondan.
Hasta el momento se trata de denuncias de los clubes. No se informó públicamente de una investigación concluida ni de partidos concretos afectados.
Perú: Una ley observada en 2025
APADELA lamentó que el anterior Poder Ejecutivo observara, en julio de 2025, la autógrafa de ley aprobada por el Congreso. Entre otras disposiciones, la norma buscaba tipificar penalmente la manipulación de resultados deportivos.
Para el gremio, esa iniciativa era una oportunidad para fortalecer las herramientas legales del Estado frente a una práctica que amenaza la credibilidad del deporte. Sostuvo que la protección de la integridad deportiva no puede seguir postergándose.
“La integridad no puede depender solo de la buena voluntad”
Gonzalo Pérez, CEO de Apuesta Total y vicepresidente de APADELA, afirmó que la integridad del deporte no puede depender únicamente de la buena voluntad de quienes participan en él. Planteó la necesidad de instituciones fuertes y de herramientas legales para prevenir, investigar y sancionar cualquier intento de manipular competiciones.
Pérez añadió que la asociación seguirá impulsando un marco regulatorio con ese objetivo. Según dijo, la lucha contra estas prácticas exige el compromiso de todos, pero sobre todo la decisión de las autoridades.
Por qué importa un marco legal específico
El planteamiento de APADELA se apoya en una idea central: sin una figura penal clara, las autoridades tienen menos instrumentos para actuar cuando se intenta alterar el resultado de un partido. La asociación sostiene que la prevención, la investigación y la sanción requieren reglas expresas y no solo compromisos voluntarios de clubes, jugadores y organizadores.
Esa postura coincide con el interés del sector regulado. Un mercado de apuestas en línea depende de la confianza en que los resultados deportivos son genuinos. Por eso el gremio vincula la integridad de las competiciones con la credibilidad de toda la actividad.
El caso de la UTC de Cajamarca
La UTC confirmó que tomó conocimiento de diversas comunicaciones enviadas directamente a sus futbolistas, con el propósito de atentar contra la integridad de la competencia. Su pronunciamiento oficial se estructura en tres puntos:
- Expone la existencia de esos mensajes dirigidos a sus deportistas.
- Expresa un rechazo categórico a estas prácticas, que, según el club, solo buscan empañar el espíritu deportivo.
- Informa que ya realizó las gestiones internas necesarias para proteger al equipo y reafirma su compromiso de competir con transparencia y responsabilidad.
El caso del Club Deportivo Moquegua
Por su parte, el Club Deportivo Moquegua alertó sobre contactos telefónicos y mensajes recibidos por sus futbolistas que podrían comprometer los valores de la institución. Mediante un pronunciamiento oficial, el equipo informó que recurrirá a las instancias correspondientes para esclarecer los hechos y establecer quiénes estarían involucrados.
Lo que aún no se sabe
Ni la UTC ni el Moquegua precisaron quiénes estarían detrás de las comunicaciones. Tampoco detallaron públicamente su contenido ni indicaron si las propuestas buscaban influir en partidos específicos.
Estos puntos serán clave para determinar el alcance real de los hechos. También dependerán de que las autoridades competentes avancen con las investigaciones que los clubes anunciaron o solicitaron.
