El estado de Utah presentó 14 cargos penales contra Kalshi, la plataforma estadounidense de mercados de predicción, y sus dos cofundadores. La acusación representa una nueva escalada en el enfrentamiento entre las autoridades estatales y el sector, en medio de una disputa sobre quién tiene competencia para regular los contratos vinculados a resultados de eventos deportivos y otros acontecimientos.
El proceso judicial se produce después de que el fiscal general de Utah, Derek Brown, iniciara acciones civiles contra la compañía. Ahora, la Fiscalía amplía la ofensiva mediante acusaciones penales relacionadas con la presunta promoción de actividades de juego no autorizadas en el estado.
Los cargos todavía deberán ser examinados por el tribunal y probados durante el proceso correspondiente. El caso también adquiere relevancia por la intervención de las autoridades federales, que cuestionan la capacidad de los estados para restringir las operaciones de plataformas registradas ante organismos nacionales.
¿Quiénes son los acusados en el caso Kalshi?
Además de la empresa, la denuncia incluye a sus dos principales directivos: Tarek Mansour, director ejecutivo de Kalshi, y Luana Lopes Lara, directora de operaciones y cofundadora.
El documento fue presentado el 28 de octubre ante el Tribunal del Tercer Distrito Judicial, en Salt Lake City, por la oficina del fiscal general Derek Brown. La acusación sostiene que la plataforma realizó actividades relacionadas con el juego ilegal dentro del territorio de Utah.
La inclusión de los directivos amplía el alcance del procedimiento, que no se limita a las operaciones comerciales de la compañía. De esta manera, tanto la empresa como sus responsables deberán responder a las imputaciones formuladas por las autoridades estatales.
Los 14 cargos presentados contra la plataforma
La acusación se divide en tres categorías, con distintos niveles de gravedad según la legislación de Utah. El desglose presentado por la Fiscalía es el siguiente:
- Un delito grave de segundo grado: por presunto patrón de actividad ilícita.
- Doce delitos graves de tercer grado: por presunta promoción de juegos de azar online.
- Un delito menor de clase A: por presunta promoción general de juegos de azar.
La imputación más grave está relacionada con la supuesta existencia de un patrón de actividad ilícita. Los otros doce cargos se vinculan con la promoción de apuestas deportivas a través de la plataforma, mientras que el último corresponde a una acusación de promoción general de juegos de azar.
Esta clasificación resulta relevante porque expone a los acusados a diferentes consecuencias penales, dependiendo de la resolución de cada imputación.
Las penas que podrían enfrentar los acusados
De acuerdo con las disposiciones legales citadas en el caso, el delito grave de segundo grado contempla una pena de hasta 15 años de prisión.
Por su parte, cada uno de los doce cargos por promoción de juegos de azar online, clasificados como delitos graves de tercer grado, puede conllevar una condena máxima de cinco años.
Estas penas corresponden a los máximos previstos para las categorías de delitos imputados y no representan condenas impuestas. Su eventual aplicación dependerá del desarrollo del procedimiento judicial y de las decisiones del tribunal.
La disputa entre los estados y los reguladores federales
El caso de Utah refleja uno de los principales conflictos regulatorios que enfrenta actualmente la industria de los mercados de predicción en Estados Unidos.
Las autoridades estatales sostienen que los contratos vinculados a resultados deportivos pueden constituir actividades de apuestas y, por tanto, deben cumplir con las leyes locales sobre juegos de azar. Desde esta perspectiva, las plataformas que ofrecen estos productos necesitan contar con las autorizaciones correspondientes para operar en cada jurisdicción.
En cambio, la CFTC defiende su competencia sobre los mercados de contratos de eventos que se encuentran bajo su supervisión federal. Esta posición busca establecer límites a las medidas que los estados pueden adoptar contra las plataformas registradas ante el organismo.
La intervención del Departamento de Justicia y de la CFTC en el litigio contra Utah lleva la discusión a un nivel federal. La controversia ya no se limita a determinar si determinados contratos cumplen con las normas estatales sobre apuestas, sino que también involucra la distribución de competencias entre las autoridades.
Por ahora, el proceso judicial mantiene abiertas las diferencias sobre el alcance de la regulación de estos productos. Las decisiones que adopten los tribunales podrían tener implicaciones para Kalshi y otras compañías que ofrecen mercados de predicción en Estados Unidos.
