El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Luiz Fux, ordenó suspender todos los procedimientos en curso en los juzgados ordinarios que debaten la constitucionalidad de la Medida Provisional 1.394/2026, la norma que prohibió las apuestas en el país. Firmó la orden el domingo 8 de noviembre, en el marco de la ADI 8.027, presentada por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL). El Pleno del tribunal todavía debe ratificarla.
La suspensión se mantendrá vigente hasta que el Supremo resuelva las cuatro acciones directas de inconstitucionalidad contra la medida: ADI 8.024, 8.027, 8.028 y 8.035, todas a cargo de Fux. En la práctica, los operadores no podrán pedir a un juez la reanudación de sus actividades. El tribunal aún no fija fecha para tratar el fondo del asunto.
El pedido de la Procuraduría de Brasil
La orden responde a una solicitud del Procurador General de la República, presentada el 6 de noviembre. Pedía una protección provisional para frenar a nivel nacional los procesos sobre la validez de la medida. Según el Procurador, los fallos de primera y segunda instancia que suspendieron sus efectos en casos particulares generan incertidumbre jurídica y una aplicación desigual de la norma.
Citó dos casos. El primero es una orden del Tribunal Federal de São Paulo, del 8 de octubre, que permitió a Stake Brazil operar hasta el 25 de octubre. El segundo es una decisión del 3 de noviembre del Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región (TRF3), que suspendió la medida para el grupo CDA Gaming, dueño de Casa de Apostas, Betsul y Jogo Online. El pedido también enumera otros 13 casos en el Tribunal Federal de São Paulo.
La presidencia del TRF3 revocó ambas órdenes a solicitud de la Unión. CDA Gaming era hasta entonces la única casa de apuestas regulada en funcionamiento y recibió la orden de desconectarse a las 9:00 de este lunes 9 de noviembre.
Desde que se promulgó la medida, el 25 de septiembre, las plataformas y la ANJL presentaron 19 demandas ante la justicia federal: 14 ante el TRF3 y cinco ante el TRF1. Todas están hoy suspendidas.
Los fundamentos jurídicos
Fux se apoyó en el artículo 21 de la Ley 9.868/1999, que permite al Supremo ordenar a jueces y tribunales suspender los procesos sobre la norma en disputa. También aplicó por analogía la Ley 9.882/1999, que autoriza al ponente de una Acción por Incumplimiento de un Precepto Fundamental (ADPF) a dictar una medida cautelar en casos de extrema urgencia. Citó además el Reglamento Interno del tribunal y precedentes recientes, como la ADI 7.774 de Flávio Dino, que suspendió en todo el país los procesos sobre la moratoria de la soja.
El pasaje más revelador va más allá del trámite. Para justificar la urgencia, el ministro advirtió que el riesgo de fallos contradictorios crece ante la posible reactivación de una actividad reconocida como perjudicial y de alto riesgo social: las apuestas de cuota fija. Fux recordó que ya había expresado esa opinión en la audiencia pública del 3 de noviembre y en su voto en el RE 966.177, el 6 de agosto.
Aunque no se pronuncia sobre el fondo, el lenguaje del relator refleja su postura. Eso reduce la posibilidad de una orden que suspenda la medida, como esperaba el sector tras la audiencia pública.
Un capítulo más en el calendario judicial
La decisión se suma a lo ocurrido el 4 de noviembre. Ese día, por propuesta de Dino y con el aval de Fux, el presidente del Supremo, Edson Fachin, indicó el juzgamiento conjunto de la ADPF 1212, las acciones contra la Ley 14.790/2023, las acciones contra la medida provisional y el RE 966.177, sin fecha definida. Según BNLData, esa unión de procesos beneficia al Palacio Presidencial y dificulta una decisión rápida sobre la medida.
La orden se firmó el mismo domingo en que el presidente Lula volvió a hablar de las apuestas en un discurso a la nación.
El debate pasa al Congreso de Brasil
Con el Poder Judicial en pausa, la disputa se traslada al Congreso. El plazo inicial de la medida vence el 23 de noviembre, con prórroga automática. La comisión mixta, que recibió 99 enmiendas, aún no se ha constituido. Si no se vota, la medida caducará el 4 de marzo de 2027.
Mientras tanto, los apostadores brasileños no tienen opciones legales. El mercado ilegal, que ya concentraba más del 40% del sector antes de la medida, es el principal beneficiado.
