En Brasil, BNLData reveló que el Ministerio de Hacienda admitió, en vísperas de la Medida Provisional 1.394/2026, que no existía ningún estudio sobre la prohibición de las apuestas. El Ministerio de Deportes dijo que nadie lo consultó. Tres pedidos adicionales, presentados el 20 de septiembre, completan el panorama.
Las solicitudes se dirigieron al Ministerio de Planificación y Presupuesto, al Centro de Estudios Tributarios y Aduaneros (CETAD) de la Receita Federal y a la Casa Civil. Ninguno entregó un estudio, una nota técnica o una estimación del impacto.
Según Estadão, Lula decidió la prohibición el 23 de septiembre en el Palacio de la Alvorada. En la reunión participaron representantes de los ministerios de Hacienda, Planificación y la Casa Civil. Sin embargo, las respuestas oficiales no aportaron evaluaciones sobre las consecuencias de la decisión.
Planificación: sin análisis del sector
El Ministerio de Planificación respondió el 13 de octubre, último día del plazo, con la resolución «información inexistente». Informó que el Consejo de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (CMAP) no realizó evaluaciones sobre cambios en esta política ni sobre apuestas en general.
La solicitud cubría desde el 1 de enero de 2025. Durante el periodo consultado, el organismo encargado de evaluar las políticas federales no registró análisis sobre el sector.
Receita Federal: solo notas anteriores
El CETAD respondió el 29 de septiembre, cuatro días después de publicada la medida. Indicó que solo existen dos notas técnicas sobre el tema, ambas de 2026 y anteriores a la respuesta. Agregó que no conoce otro organismo con documentos adicionales.
De esta manera, cuando la prohibición ya estaba vigente, el organismo responsable de analizar la recaudación federal no había presentado nuevas estimaciones sobre las posibles pérdidas tributarias.
Casa Civil: reuniones tardías y reserva
La Casa Civil, responsable de coordinar la elaboración de las medidas provisionales, amplió el plazo el 29 de septiembre y respondió el 23 de octubre. Concedió acceso parcial.
La agenda que informó muestra que ninguna reunión anterior a la medida trató la prohibición. Fiscalización y publicidad se discutieron el 28 de septiembre y el 2 de octubre, después de la publicación. Las reuniones previas fueron sobre la decisión del STF de 4 de febrero de 2025 y sobre los programas Desenrola y Desenrola Familias.
La Casa Civil también citó un decreto y una ordenanza que crearon un comité de supervisión de juegos ilegales y publicidad, ambos posteriores a la medida. Mencionó además una guía sobre niños y pantallas, sin relación con lo pedido.
Un solo documento, bajo reserva
La Casa Civil no respondió si pidió, recibió o analizó estudios de otros organismos. Solo admitió un documento: el dictamen jurídico de su Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ). Lo mantuvo en reserva por el secreto profesional entre abogado y cliente (Ley 8.906/1994) y por el estatuto de los servidores públicos (Ley 8.112/1990). Extendió la restricción a todos los demás documentos del proceso.
Esa reserva contrasta con la Ley de Acceso a la Información de Brasil. Su artículo 7, apartado 3, garantiza el acceso a los documentos que fundamentan una decisión una vez adoptada. La medida se publicó el 25 de septiembre. Si existiera un estudio de impacto, la Casa Civil podría haber confirmado su existencia, como pedía la solicitud. No lo hizo.
El mapa completo en Brasil
Con los ministerios de Hacienda y Deportes, el cuadro es el siguiente:
- Hacienda (SPA): no tenía estudio en vísperas de la medida.
- Receita Federal (CETAD): ninguna estimación nueva, ni siquiera después de la medida.
- Planificación (CMAP): nunca evaluó el sector de apuestas.
- Deportes (SNAEDE): no fue consultado y no tiene estudios sobre los efectos.
- Casa Civil: no presentó estudio y mantiene el proceso en reserva.
Qué sigue para Brasil
La MP 1.394 bloqueará la agenda de la Cámara de Diputados desde hoy 9 de noviembre. Caducará el 4 de marzo de 2027 si no se vota. El Congreso y el Tribunal Supremo deberán decidir sobre una medida que, según los registros oficiales presentados, se aprobó sin que se difundieran estimaciones sobre sus costos, la población afectada o el posible desplazamiento de apostadores hacia plataformas no autorizadas. Este último escenario genera preocupación por sus posibles efectos sobre el mercado regulado y la expansión de las operaciones ilegales.
