Hasta ahora en Argentina, una persona que se autoexcluía del juego en una provincia podía trasladarse a otra jurisdicción y volver a apostar. Ese límite territorial es el que busca reducir un nuevo acuerdo regional impulsado por la Caja de Acción Social de San Juan (CAS).
El organismo informó que espera avanzar en la firma de un convenio con Mendoza y San Luis para que los registros de autoexclusión puedan funcionar de manera coordinada. La propuesta contempla extender la restricción tanto a establecimientos físicos como a plataformas digitales autorizadas en las tres provincias.
Un vacío generado por la regulación provincial
En Argentina, los mecanismos de autoexclusión están disponibles en distintas jurisdicciones como una herramienta de prevención frente al juego problemático. Sin embargo, estos registros han funcionado principalmente dentro de los límites de cada provincia, debido a que la regulación de los juegos de azar corresponde a las autoridades locales.
Esta estructura genera una dificultad cuando una persona autoexcluida se desplaza hacia otra jurisdicción. La restricción que solicitó puede no estar disponible para los operadores de la provincia vecina, lo que permite que vuelva a acceder a establecimientos o plataformas reguladas.
La situación también alcanza al juego online, debido a que las plataformas autorizadas están vinculadas a los marcos regulatorios de cada jurisdicción.
Una protección que busca extenderse a tres provincias
El presidente de la CAS, Juan Pablo Medina, confirmó el avance de la iniciativa en declaraciones al medio sanjuanino Con Pacto. Según explicó, el objetivo es que una persona que solicite la autoexclusión en San Juan pueda quedar incluida también en los mecanismos de control de Mendoza y San Luis.
De esta manera, la protección no terminaría en el límite provincial. El acuerdo permitiría una autoexclusión solicitada en una de las jurisdicciones tenga alcance en las otras provincias involucradas.
Cómo funcionaría el acuerdo
Según la información difundida por Con Pacto, el mecanismo se apoyaría en tres áreas principales:
- Intercambio de registros: las bases de datos de personas autoexcluidas serían coordinadas entre las tres provincias, bajo protocolos destinados a preservar la confidencialidad y los datos personales.
- Control en plataformas digitales: los operadores autorizados deberán incorporar estos registros a sus mecanismos de identificación para impedir el acceso y la realización de apuestas de las personas incluidas en la nómina.
- Restricción en establecimientos físicos: la medida también alcanzaría a casinos, salas de tragamonedas y bingos habilitados en las tres jurisdicciones.
Una sola solicitud con alcance regional
Para los jugadores que recurren a la autoexclusión, el principal cambio sería el alcance de la herramienta. Una solicitud realizada en una de las provincias podría tener efecto también en las otras dos, reduciendo la posibilidad de trasladarse a una jurisdicción cercana para continuar con la actividad.
Para los operadores, en tanto, el eventual convenio implicaría incorporar información proveniente de las otras provincias a sus procesos de control y verificar la condición de los usuarios antes de permitir el acceso o aceptar apuestas.
El desafío de coordinar distintos reguladores
La propuesta también pone de relieve uno de los principales desafíos de las políticas de juego responsable en Argentina: la coordinación entre jurisdicciones que cuentan con autoridades y sistemas regulatorios propios.
En ese contexto, los convenios interprovinciales pueden convertirse en una herramienta para compartir información y extender determinadas medidas de protección sin necesidad de modificar la estructura regulatoria existente.
Por ahora, San Juan, Mendoza y San Luis avanzan en la definición del acuerdo. Si finalmente se concreta, la experiencia podría servir como referencia para evaluar mecanismos similares entre otras provincias y ampliar el alcance territorial de las políticas de autoexclusión.
