República Dominicana define el liderazgo de su regulador de juegos en pleno proceso de reforma legal. El presidente Luis Abinader emitió el pasado viernes el Decreto 684-26, mediante el cual designó con carácter transitorio a Teófilo José Abrahán Leo Tabar Manzur como titular de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA). La decisión se produce mientras el Senado avanza con la nueva ley que moderniza el sector.
Del proceso de regularización a la dirección de la DGJA
Hasta ahora, Tabar Manzur se desempeñaba como coordinador del Proceso de Regularización de Juegos de Azar. Con el decreto, asume de manera transitoria la conducción de la institución.
Qué establece el Decreto 684-26
Además del nombramiento, la disposición presidencial incluye tres medidas:
- Consejo Consultivo: el órgano creado por el Decreto 533-21, del 28 de agosto de 2021, brindará asesoría y acompañamiento de forma honorífica a las autoridades de la DGJA.
- Objetivo de la asesoría: apoyar el diseño de políticas públicas que mejoren los procedimientos internos y garanticen un servicio público eficiente y oportuno.
- Colaboración institucional: todas las autoridades competentes deberán prestar la debida colaboración y realizar las coordinaciones necesarias para que la DGJA ejerza sus funciones de manera adecuada.
Con estas medidas, el Poder Ejecutivo fija el marco institucional de funcionamiento de la DGJA y dispone mecanismos de acompañamiento y coordinación para fortalecer su gestión.
El Senado de República Dominicana aprueba los cambios a la ley de juegos
El nombramiento coincide con un avance legislativo. La Cámara Alta aprobó en única lectura las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados al proyecto de ley que regula los juegos de azar. La iniciativa fue presentada por los senadores Pedro Catrain y Félix Ramón Bautista.
El texto busca consolidar y modernizar la legislación sobre casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas, bingos, tragamonedas y plataformas de apuestas en línea. También contempla independencia del regulador frente al sector que debe supervisar y obligaciones en materia de protección de menores. Para hacerlas cumplir, prevé multas, cierre de establecimientos, pérdida de la licencia, inhabilitación de administradores y prisión.
Una reforma que debe equilibrar control y seguridad jurídica
Yamile Aismel Gutiérrez Figuereo, socia fundadora de G&G Studio Legal y especialista en la industria del juego, analizó la reforma en una entrevista con SBC Noticias. Para la abogada, representa una oportunidad de modernizar el sector. Sostiene que el objetivo no debería limitarse a endurecer los controles sobre los operadores legales, sino también a combatir el mercado ilegal y garantizar seguridad jurídica, proporcionalidad y condiciones de competencia.
Gutiérrez Figuereo considera que el país necesita una actualización integral porque la evolución tecnológica y comercial del sector superó el marco normativo existente. «La industria evolucionó mucho más rápido que nuestra legislación», afirmó. Entre los elementos que hoy pesan más que hace unos años mencionó los juegos de azar por internet, las plataformas tecnológicas, los medios de pago digitales, el juego responsable y las herramientas contra el lavado de activos.
A su juicio, modernizar no equivale solo a sumar obligaciones para los operadores. También implica fijar reglas claras, reforzar la supervisión y proteger al jugador, sin perder de vista que las empresas reguladas deben ser competitivas y sostenibles.
Qué cambia en la estructura y en el juego en línea
La especialista identifica dos ejes en el proyecto:
- Nueva estructura regulatoria: estaría encabezada por la Dirección General de Juegos de Azar y el Consejo de Juegos de Azar, con mayores facultades de regulación, supervisión y fiscalización.
- Juego por internet dentro de una ley: hoy esta actividad se rige por la Resolución 136-2024, pero la propuesta eleva sus principales disposiciones a rango legal.
Según Gutiérrez Figuereo, el proyecto establece que solo las personas jurídicas debidamente licenciadas podrán operar juegos por internet. Las licencias tendrían una vigencia de diez años. Además, se mantiene un impuesto mensual del 10% sobre la base de las operaciones realizadas en línea.
