En el marco de la campaña electoral presidencial de Perú, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) propone, en su documento compartido con los equipos de las diferentes candidaturas presidenciales, fortalecer la calidad institucional y regulatoria para que el país pueda beneficiarse de mayor inversión en el sector digital.
La asociación recoge las bases de un marco normativo para promover el desarrollo de todo el ecosistema digital, impulsando la innovación, la creación de valor en beneficio de los consumidores y la configuración de un círculo virtuoso que sustente las inversiones para ampliar los despliegues y mejorar el acceso y la asequibilidad.
“El cierre de la brecha digital es un objetivo prioritario compartido entre el sector público y privado y compartidos, deben ser los esfuerzos para afrontar este desafío de universalizar el acceso a los servicios”, expone el documento de ASIET, que señala cuatro puntos sobre los que debería basarse un nuevo marco de políticas públicas pro desarrollo digital.
Estos temas son el esfuerzo conjunto de los actores públicos y privados para acelerar la ejecución de proyectos de conectividad y difundir los beneficios de la extensión de redes, estabilidad y predictibilidad, para generar confianza y certidumbre, contribuyendo a minimizar el nivel de riesgo, entorno pro-inversión, para favorecer el despliegue de redes (fijas, móviles y satelitales) y la actualización tecnológica y simplicidad, flexibilidad y consistencia, con una normativa sectorial que se ajuste a la evolución de las tecnologías y los modelos de negocio.
ASIET explicó que: “Perú, como la región, tiene importantes retos en materia de conectividad rural y de acceso de población vulnerable”. Para tal fin, sugiere políticas públicas para atender las actuales brechas de género, digitales y etarias, como incentivos para el despliegue en zonas alejadas y áreas rurales, uso integral de los fondos de servicio universal, mecanismos alternativos para su financiación, subsidios a la demanda, promoción de la compartición voluntaria de infraestructura, entre otras políticas.
A su vez, ASIET agrega: “un nuevo marco de políticas públicas diseñado de manera transversal con foco en los objetivos y los principios mencionados no solo redundará en beneficio de la industria TIC, sino que contribuirá a un desarrollo armónico y sostenible de la economía y de la sociedad en su conjunto”.
La importancia del sector TIC en el Perú se refleja en su peso en el PIB del país, al representar las comunicaciones más del 4,6 % de la economía del país (en 2013 era el 3,4 %), con crecimientos por encima de la economía general. En 2019 creció un 5.6 %, muy por encima de otros sectores regulados. Las redes de telecomunicaciones son la base de la digitalización y la transformación digital, la clave de la mejora productiva que permitirá lograr la recuperación económica frente a los retos que presenta el actual contexto de crisis derivada de la pandemia de COVID-19. A su vez, las redes fueron capaces de sostener el incremento exponencial del tráfico de datos durante la pandemia (con picos de hasta 42 % en marzo de 2020) gracias a la inversión de los operadores, mostrando su resiliencia para el mantenimiento de la actividad económica (especialmente de las PyMEs que han tenido que acelerar su digitalización), educativa, el relacionamiento social y el entretenimiento. Las telecomunicaciones han sido un aliado fundamental en el combate a la pandemia.
El documento apunta a propuestas de políticas públicas y regulatorias para el desarrollo digital de Perú: una política fiscal congruente con los objetivos de masificación del acceso a los servicios, una política de espectro radioeléctrico y despliegue de infraestructura para continuar expandiendo los servicios 4G y desarrollando los nuevos el despliegues de 5G, política para el cierre de la brecha digital, la educación y la expansión de las habilidades digitales que implica el uso integral de los fondos de servicio universal a los que contribuyen los operadores, y una política que impulse la economía creativa para el fomento y protección de la cultura local y regional a través de la innovación, así como para la generación de empleo de calidad y como canal para la formalización laboral y de los servicios que reciben los usuarios.
