A dos años de la crisis desatada por los incendios de la Amazonía, ni las donaciones millonarias de los países ricos, ni las críticas a las autoridades brasileñas consiguieron frenar la deforestación de la selva tropical más grande del mundo, entre otras cosas porque en el debate está ausente una propuesta de salida para los brasileños que viven en la zona, que necesitan incentivos para poder explotar su región de una manera sostenible.
Según cálculos de economistas de la Universidad de Chicago, la pérdida de una hectárea de bosque amazónico le cuesta a la comunidad internacional 24 mil euros, considerando solamente su valor como almacén de gases de efecto invernadero, en tanto que las tierras dedicadas a la cría de ganado, causa fundamental de la deforestación, producen un valor de solo 850 euros por hectárea.
Así, la clave para dar vuelta esta ecuación es cambiar la economía de los 30 millones de habitantes del lugar. Una experiencia a imitar es, por ejemplo, la de Costa Rica, un país que hasta los años noventa tuvo los índices de deforestación más altos del mundo.
Frente a este problema, el gobierno costarricense promovió cambios estructurales en el sector agrícola que beneficiaron la protección de los bosques, con la introducción de controles jurídicos para evitar el cambio del bosque natural a otros usos de la tierra y con una financiación estable destinada a los bosques a través de un sistema de pago por servicios ambientales. La mayor parte de estos ingresos provienen de un impuesto al consumo de combustibles fósiles.
Desde que comenzó la reforestación no sólo se ha beneficiado el medio ambiente: en torno a la conservación de los bosques ha crecido toda una industria y los bosques trajeron, además, ingresos adicionales por el desarrollo del ecoturismo.
“Los servicios que aporta el capital natural están infravalorados o permanecen ocultos en muchos casos, a pesar del gran potencial que tienen de impactar en empresas y organizaciones. Esta invisibilidad, junto con un modelo de producción y consumo ‘business as usual’ y la creciente población humana en un planeta finito suponen una gran presión sobre el medio ambiente”, apunta Claudia Moray, abogada y arquitecta, especialista en Derecho Ambiental y responsable del abordaje legal/ambiental para la prevención de contingencias dentro del Departamento Legal de GreenBondMeter (GBM).
La propuesta de Green Bond Meter (GBM) consiste en la conservación y recuperación del patrimonio natural en Argentina y alrededor del mundo. Es una solución que invita a proteger 100 millones de hectáreas de biosfera (flora, fauna y tierra) durante 100 años mediante la creación de un ecosistema que combina las tecnologías Blockchain, GIS y AI.
De esta manera, de las mejores tierras, se elegirá un millón de hectáreas, cuyos metros cuadrados serán asociados a 1 token = 1 GBM Coin, estableciendo un activo digital respaldado en el capital natural que preserva. Anualmente este token (GBM Coin) emitirá créditos de carbono entre las tierras propias y de terceros, en función de la adicionalidad generada por la preservación de biosfera y fijación de CO2.
