El mercado de apuestas en Brasil enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre tras la presentación de un proyecto de ley que propone su eliminación total. La iniciativa, identificada como PL-1808/2026 y presentada por el diputado Pedro Uczai, miembro del Partido de los Trabajadores (PT), plantea un giro radical respecto al modelo regulado implementado recientemente en el país.
El proyecto de ley PL-1808/2026: qué propone y qué leyes derogaría
El texto del proyecto de ley busca prohibir en todo el territorio nacional la operación, oferta, promoción y facilitación de apuestas de cuotas fijas. De aprobarse, implicaría además la derogación formal de dos marcos legales que sentaron las bases del sector tal como existe hoy.
El primero es la ley aprobada en diciembre de 2018, durante la presidencia de Michel Temer, que legalizó las apuestas deportivas en el país. El segundo es el decreto de diciembre de 2023, que estableció el marco regulatorio para las apuestas deportivas y los juegos de azar en línea.
Como justificación, el proyecto cita evidencia de que el juego online se ha convertido en un factor relevante de endeudamiento para las familias brasileñas, y encuadra la iniciativa en términos de protección social, sanitaria y económica.
La presión política: Lula y las elecciones de octubre de 2026
El proyecto de Uczai no surge en el vacío. Se inscribe en un contexto de creciente distancia entre el gobierno de Lula y la industria de las apuestas, que se ha intensificado a medida que se aproximan las elecciones generales de octubre de 2026.
A principios de abril, el propio presidente declaró públicamente que, si dependiera exclusivamente de él, todas las casas de apuestas del país serían clausuradas. Con ese antecedente, el proyecto presentado por su compañero de partido convierte esa posición en una propuesta legislativa concreta.
En enero de 2026, Lula ya había aprobado un aumento gradual de impuestos para los operadores de apuestas de cuotas fijas, con una tasa que llegaría al 15% para 2028, una señal anticipada del deterioro en la relación entre el gobierno y el sector.
Un mercado que apenas cumplió su primer año de operación regulada
El mercado regulado de apuestas entró oficialmente en funcionamiento el 1 de enero de 2025 en Brasil. En su primer año completo de actividad, los resultados económicos fueron significativos: 79 empresas con licencia generaron ingresos brutos del juego por valor de 37.000 millones de reales, equivalentes a $7.000 millones de dólares.
En términos de aporte al fisco, el sector recaudó $2.500 millones de reales en concepto de tasas de licencia y abonó $10.000 millones de reales en impuestos durante ese mismo período. Estas cifras contrastan con el argumento oficial, que sostiene que la industria no sirve al bien público.
La respuesta de la industria: la ANJL rechaza la prohibición
La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), principal organismo comercial del sector en Brasil, reaccionó de inmediato ante la presentación del proyecto. En un comunicado oficial, la asociación advirtió que cualquier propuesta orientada a prohibir el mercado legal y regulado representa un riesgo de gran magnitud.
La ANJL reafirmó su compromiso con el desarrollo responsable del sector y llamó a construir un debate público sustentado en datos y en los avances normativos ya consolidados en el país, en lugar de retroceder hacia un escenario de prohibición que, históricamente, ha favorecido la proliferación de operadores ilegales.
Qué puede pasar con el mercado de apuestas en Brasil
El proyecto de ley PL-1808/2026 deberá recorrer el proceso legislativo ordinario antes de convertirse en ley, y su aprobación no está garantizada. Sin embargo, el respaldo político implícito del presidente Lula le otorga una relevancia que va más allá del trámite parlamentario habitual.
Para los operadores que invirtieron en licencias y cumplimiento regulatorio, la incertidumbre es inmediata. Para el debate público, la pregunta central es si una prohibición total resolvería los problemas de endeudamiento familiar citados en el proyecto, o si simplemente trasladaría la actividad hacia canales sin regulación ni control estatal.
