En Brasil, el gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, presentó ante la Asamblea Legislativa del estado (ALE-AL) un proyecto de ley para establecer un servicio público de lotería estatal. La propuesta autoriza al Poder Ejecutivo a operar la actividad directamente o a delegarla al sector privado mediante concesión o licencia, y destina los ingresos netos al Fondo Estatal para la Lucha contra la Pobreza (Fecoep). El proyecto fue recibido por la cámara legislativa el 16 de junio.
Una fuente de financiamiento sin carga presupuestaria
La iniciativa busca generar recursos para políticas sociales sin comprometer el presupuesto estatal. Según la justificación oficial del proyecto, los fondos provendrán de apuestas, contribuciones financieras de empresas autorizadas, ingresos por concesiones, rendimientos financieros, acuerdos, donaciones y premios no reclamados en un plazo de 90 días desde la publicación de resultados.
El texto del proyecto señala que «esta medida representa un instrumento importante para generar ingresos que financien políticas públicas para combatir la pobreza, sin implicar una carga adicional para el tesoro público».
La propuesta se sustenta en una decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil, que reconoció la competencia de los estados para operar sus propios servicios de lotería. A partir de ese precedente, el gobierno de Alagoas diseñó un marco regulatorio propio para encuadrar la actividad dentro de su jurisdicción.
Regulación a cargo de Arsal
La Agencia Reguladora de Servicios Públicos del Estado de Alagoas (Arsal) será el organismo responsable de la regulación, supervisión y control de todas las operaciones de la lotería. Solo las personas jurídicas podrán prestar el servicio, ya sea en forma directa o a través de mecanismos de delegación al sector privado.
El proyecto exige que las empresas interesadas cumplan con requisitos en materia fiscal, bancaria y de protección de datos, incluyendo el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sistemas de seguridad digital, autorización para operar en el procesamiento de pagos y mecanismos de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Requisitos tecnológicos para los operadores
La propuesta incorpora una serie de exigencias tecnológicas para los operadores que integren el sistema. Entre ellas figuran la georreferenciación de las apuestas, el monitoreo en tiempo real de las operaciones, la trazabilidad de las transacciones, la autenticación biométrica, la integración con sistemas antifraude y el bloqueo automático para usuarios menores de 18 años.
Los sistemas también deberán integrarse con PIX, la plataforma de pagos instantáneos de Brasil, tanto para recibir apuestas como para acreditar premios. La propuesta exige además la presentación de informes en tiempo real sobre recaudación, pago de premios y movimientos financieros, bajo el seguimiento de Arsal.
Plazos y próximos pasos
Si la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto y el gobernador lo promulga, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 180 días para completar la reglamentación de la nueva lotería estatal. El proceso legislativo en Alagoas determinará la velocidad con que el estado pueda poner en marcha un esquema que, de concretarse, se sumaría a una tendencia creciente en Brasil: la proliferación de loterías estaduales como mecanismo de financiamiento de políticas públicas en el marco del nuevo entorno regulatorio del juego.
En los últimos años, varios estados brasileños han avanzado en la creación o modernización de sus propias loterías tras el fallo del Tribunal Supremo Federal que reconoció su autonomía para explotar esta actividad. El objetivo común ha sido diversificar las fuentes de ingresos públicos y canalizar recursos hacia áreas consideradas prioritarias, como salud, educación, seguridad pública, infraestructura y programas de asistencia social.
Para Alagoas, la propuesta adquiere además una dimensión estratégica por el destino específico de los recursos. La administración estadual busca convertir a la lotería en una herramienta permanente de financiamiento para iniciativas orientadas a reducir las desigualdades sociales y fortalecer las políticas de inclusión, en una región donde los indicadores de pobreza continúan representando uno de los principales desafíos para la gestión pública.
