En Brasil, el Banco Central de Brasil (BCB) dio un paso significativo en la lucha contra el mercado ilegal de apuestas al publicar la Resolución BCB N.° 569/2026, que amplía el alcance del intercambio de datos e información relacionados con pruebas de fraude en el sistema financiero. La medida, firmada por el director de Regulación, Gilneu Francisco Astolfi Vivan, incorpora de manera explícita a los operadores de apuestas no autorizados dentro del marco de información que las instituciones financieras deben compartir entre sí.
Qué modifica la nueva resolución
La Resolución BCB N.° 569/2026 modifica la Resolución BCB N.° 343, del 4 de octubre de 2023, que establecía las bases del intercambio de datos vinculados a fraudes en el sistema financiero. El cambio central consiste en incluir dentro de ese régimen las pruebas de actividad de personas físicas o jurídicas que actúen como operadores de apuestas sin la debida autorización.
La norma se apoya, entre otras disposiciones, en el artículo 24-A de la Ley N.° 14.790/2023, que regula el sector de las apuestas de cuotas fijas en Brasil. Con este respaldo legal, el BCB extiende el deber de reporte e intercambio de información a cualquier institución que preste servicios financieros o de pago a actores no autorizados en el mercado de apuestas.
Cómo funcionará el intercambio de información
El objetivo declarado de la resolución es reforzar la detección de conductas sospechosas vinculadas al uso del sistema financiero por parte de empresas o particulares que explotan las apuestas de manera ilegal en el país. Para ello, la normativa establece que, en los casos relacionados con operadores no autorizados, la identificación compartida entre instituciones debe hacer referencia explícita a esa condición.
En la práctica, esto significa que los bancos y entidades de pago tendrán la obligación de informar cuando detecten que están prestando servicios a quienes operan sin licencia, sumando esa categoría a las ya existentes dentro del marco de prevención del fraude.
Plazos de implementación
La resolución fija dos fechas límite diferenciadas según el tipo de servicio involucrado. Para la prestación de servicios relacionados con activos virtuales, las instituciones deberán adoptar las medidas necesarias antes del 30 de octubre de 2026. Para los casos vinculados a la prestación de servicios financieros y de pago a operadores de apuestas no autorizados, el plazo se extiende hasta el 1 de diciembre de 2026.
El mercado ilegal, un problema de escala
La medida cobra mayor relevancia cuando se observa la dimensión del mercado que busca combatir. Según estimaciones disponibles, las apuestas ilegales representan aproximadamente el 50% del volumen total de apuestas realizadas por los brasileños, una proporción que evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el nuevo marco regulatorio del sector, vigente desde la sanción de la Ley N.° 14.790/2023.
Con esta resolución, el Banco Central profundiza la coordinación entre el sistema financiero y la política regulatoria del juego, apostando a que el control de los flujos de dinero sea una herramienta efectiva para reducir el peso del mercado ilegal en Brasil.
El endurecimiento del control financiero también refleja la creciente preocupación de las autoridades brasileñas por la capacidad de los operadores ilegales para mantenerse activos pese al avance del nuevo marco regulatorio. Muchas de estas plataformas continúan captando usuarios mediante métodos de pago alternativos, intermediarios financieros y estructuras empresariales difíciles de rastrear, lo que complica las labores de supervisión y fiscalización. En paralelo, el crecimiento del mercado clandestino no solo afecta la recaudación tributaria y la estabilidad del ecosistema regulado, sino que también incrementa los riesgos asociados al fraude digital, el lavado de dinero y la falta de mecanismos de protección para los consumidores.
Frente a este escenario, el Banco Central busca que bancos, fintechs e instituciones de pago asuman un rol más activo en la detección de operaciones sospechosas y en la restricción del acceso financiero a plataformas no autorizadas. La intención es utilizar el monitoreo de transacciones y el intercambio de información como herramientas clave para reducir la presencia del juego ilegal y fortalecer el mercado regulado en Brasil.
