Brasil vive una disputa legal sobre quién tiene autoridad para regular la publicidad de las apuestas deportivas. Mientras el gobierno federal endureció su normativa para el sector, que entró en vigor el jueves 17 de julio, varias ciudades y estados avanzan con sus propias restricciones, abriendo un debate sobre los límites de las competencias de cada nivel de gobierno que ya es analizado por la justicia.
Capitales en Brasil que ya legislaron
Una encuesta del diario O Globo muestra que Río de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Branco y Teresina cuentan con regulaciones propias vigentes. São Paulo, Recife y Goiânia estudian propuestas similares en sus ayuntamientos, y otros diez estados junto con el Distrito Federal debaten legislación para limitar este tipo de publicidad.
La ciudad de Río de Janeiro fue una de las primeras en aplicar medidas concretas. Un decreto publicado el lunes 14 de julio prohibió los anuncios de apuestas en mobiliario urbano, fachadas, espacio aéreo y zonas marítimas, además de campañas vinculadas a la alcaldía. El mismo día en que la norma entró en vigor, agentes municipales cubrieron dos vallas publicitarias del sector cerca de Pedra do Sal y en Copacabana.
Un día después, Belo Horizonte siguió el mismo camino. El alcalde Álvaro Damião firmó un decreto que prohíbe la publicidad de casas de apuestas en propiedades municipales, concesiones, permisos y eventos oficiales. El ayuntamiento tiene 15 días hábiles, contados desde el 1 de julio, para ajustar los contratos vigentes.
En São Paulo, un proyecto del concejal João Jorge busca prohibir la publicidad de apuestas en línea en eventos organizados por entidades públicas y privadas, incluidas competiciones deportivas realizadas en la ciudad. La iniciativa ya superó la Comisión de Constitución y Justicia y espera votación en el pleno. El alcalde Ricardo Nunes adelantó que la firmará apenas sea aprobada.
El choque de competencias
El caso más relevante en Brasil ocurre en Rio Grande do Sul, donde el gobernador Eduardo Leite promulgó en abril una ley que exige advertencias sobre los riesgos del juego, prohíbe mascotas y personajes atractivos para menores, veta la publicidad dirigida a menores de 18 años y restringe los anuncios en televisión, radio y streaming entre las 21:00 y las 6:00 horas.
Esa ley enfrenta una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal Federal, presentada por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías. La organización sostiene que el estado invadió una competencia exclusiva de la Unión. La Procuraduría General de la República respaldó ese argumento y pidió suspender la norma, alegando que solo el gobierno federal puede legislar sobre publicidad comercial, loterías, radiodifusión y telecomunicaciones. La Secretaría de Premios y Apuestas hizo el mismo planteamiento en el mismo expediente.
La Fiscalía del Estado de Rio Grande do Sul respondió que la ley sigue vigente mientras no exista una decisión judicial en contra, y aseguró que defiende su constitucionalidad.
Una zona gris legal
El abogado constitucionalista Pedro Serrano explica que los municipios de Brasil pueden legislar sobre asuntos de interés local, mientras los estados tienen competencia residual para lo que no corresponde ni a la Unión ni a los municipios. En su análisis, las apuestas y su publicidad son, en principio, materia federal. Sin embargo, advierte que las normas limitadas a la propiedad municipal podrían sostenerse, a diferencia de aquellas que regulan publicidad en redes sociales y medios de comunicación, que probablemente el Supremo Tribunal Federal considere inconstitucionales.
Preocupación del sector publicitario en Brasil
La Asociación Brasileña de Agencias de Publicidad advirtió que la multiplicación de normas distintas entre estados y municipios genera inseguridad jurídica y complica la planificación de campañas, afectando a agencias, medios, productoras y plataformas digitales. La entidad no cuestiona regular la publicidad de apuestas, sino que esto se haga de forma descoordinada mientras el marco federal todavía se ajusta.
Por su parte, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías anunció que evalúa acciones legales para hacer prevalecer la norma nacional, y el Instituto Brasileño para el Juego Responsable prefirió no comentar por el momento.
