En Brasil, el documento estaba terminado desde el 7 de mayo de 2026, pero el público no lo conoció hasta finales de julio. El informe periódico del mercado regulado de apuestas de cuota fija, elaborado por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda de Brasil (SPA-MF), no fue publicado por el Gobierno. Salió a la luz como anexo de una respuesta a una solicitud de acceso a la información y constituye la fotografía oficial más completa de un mercado que la Medida Provisional 1.394/2026 decidió prohibir.
Un informe que esperó 84 días
La solicitud se registró el 27 de junio con el protocolo 18800.116741/2026-07 y fue respondida el 30 de julio, 33 días después. El archivo entregado indica que la versión se cerró el 7 de mayo, por lo que el balance permaneció 84 días sin ser divulgado.
Según BNLData, medio que obtuvo el material, la SPA-MF tenía preparado el informe para publicarlo, pero no lo hizo debido a directrices políticas del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. En su respuesta, la secretaría no explicó la decisión. Señaló que la base de datos SIGAP estaba en proceso de verificación y que los datos aptos para publicación serían difundidos posteriormente por los canales oficiales. También afirmó, en tres ocasiones, que no había realizado estudios recientes para proyectar los ingresos del sector.
Lo que generó el sector en tres meses
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, el mercado regulado registró unos 1.476 millones de dólares en ingresos brutos del juego (GGR). De esa cifra, cerca de 177,5 millones de dólares fueron destinados a las asignaciones legales, equivalentes al 12% previsto en la Ley 14.790/2023.
A ese ritmo, las asignaciones sumarían alrededor de 699 millones de dólares al año, sin considerar impuestos, subvenciones ni tasas de inspección. Los datos del primer semestre, también obtenidos por BNLData, indican un GGR de unos 3.897 millones de dólares y transferencias de aproximadamente 466 millones.
Cómo se repartió el dinero
La distribución por área es uno de los puntos que más atención ha generado. Salud recibió unos 1,8 millones de dólares, el 1% del total, porcentaje fijado por ley que el Gobierno no ha modificado. Deportes recibió unos 64 millones, alrededor de 36 veces más, mientras que Turismo obtuvo unos 50 millones, cerca de 28 veces más.
El Gobierno ha invocado la protección de la salud de los apostadores para justificar la prohibición. El experto Amilton Noble sostiene que estas cifras contradicen ese argumento. También cuestionó la presencia de la Secretaría de Comunicación Social en un grupo de trabajo de perfil técnico.
Un universo de jugadores identificados
El informe contabiliza 15.186.243 titulares únicos de CPF, el documento fiscal brasileño, que apostaron durante el trimestre. Había 97,9 millones de cuentas activas con operadores y 113,3 millones con marcas. El 68,01% de los apostadores eran hombres y el 31,99% mujeres. El grupo de 31 a 40 años representaba el 28,85%, mientras que el 44,36% apostó con un solo operador.
Las estructuras de protección que quedan en duda
El informe describe tres pilares creados durante la regulación. El primero es el Grupo de Trabajo para la Prevención y Reducción de Daños del Juego Patológico, integrado por los ministerios de Hacienda, Salud y Deportes y la Secretaría de Comunicación Social. Su plan incluía una plataforma centralizada de autoexclusión, una autoevaluación de salud, un protocolo de atención médica, capacitación para la Red de Atención Psicosocial y una campaña de orientación dirigida a atletas.
El segundo es el Grupo de Trabajo para Combatir la Manipulación de Resultados Deportivos. Entre sus acciones figuraban una reunión nacional sobre amaño de partidos, una política nacional contra la manipulación y la aplicación Apita Cidadão para denunciar casos. La detección de apuestas sospechosas depende de la existencia de un mercado regulado que registre las transacciones.
El debate sobre los efectos de la medida
Noble advierte que la prohibición provocó miles de despidos, alteró el ecosistema deportivo y comprometió el financiamiento de la seguridad pública, que tenía asignado un 1% adicional con la expectativa de llegar al 3% a fines de 2028. También afirma que el juego ilegal creció desde la aplicación de la medida. Estas son valoraciones de un experto del sector y no conclusiones del informe, que se limita a describir el funcionamiento del mercado regulado.
