Ecuador avanza hacia un modelo de supervisión más estricto para las apuestas deportivas, que combinará nuevas exigencias económicas con herramientas tecnológicas para prevenir el lavado de activos. Unos 315.000 dólares al año es la tarifa que pagará cada empresa que quiera ofrecer apuestas deportivas en Ecuador, según los cálculos del abogado Carlos José Riofrío con los parámetros de 2026. Es solo una parte de un sistema que el Gobierno diseñó para que el sector sea rentable para el Estado y poco útil para quien busca blanquear dinero.
¿Qué se necesita para operar legalmente?
El único título que habilita la actividad es la Licencia para Operadores de Pronósticos Deportivos (LOPD). En septiembre de 2026, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) fijó el procedimiento para solicitarla.
Riofrío, socio director del estudio Riofrío Bustamante, resumió en LinkedIn las condiciones centrales. La empresa debe tener domicilio legal en Ecuador y un patrimonio neto de al menos 500.000 dólares. También debe constituir una garantía bancaria de cobro inmediato equivalente al 1% de ese patrimonio, pensada para respaldar a los usuarios. Si se toma como base el mínimo exigido, la póliza rondaría los 5.000 dólares.
La autoridad dispone de hasta 90 días para revisar el expediente en los frentes jurídico, financiero, técnico y operativo. Superado ese filtro, la licencia dura cinco años y obliga a pagar cada año el equivalente a 655 salarios básicos unificados.
¿Y después de obtenerla?
La licencia no cierra los trámites. Las compañías deben inscribirse antes en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), certificar técnicamente su plataforma y tener una cuenta bancaria exclusiva para la operación. Además, tienen que aplicar políticas de juego responsable, prevención del blanqueo, protección de datos y verificación de identidad de los usuarios.
¿Quién vigilará a los operadores?
Ahí entra la tecnología. José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, explicó en el programa De Lunes a Lunes, de Teleamazonas, que desde enero de 2027 la UAFE usará una plataforma de Palantir, empresa estadounidense de análisis masivo de datos. Según sostuvo, sería la primera unidad de inteligencia financiera del mundo con ese sistema y el primer país latinoamericano en tenerlo. El software usa inteligencia artificial para encontrar patrones que delaten operaciones ilícitas.
Neira aclaró que el Gobierno prefiere controlar el mercado antes que prohibirlo, y lo diferenció de las decisiones recientes de Brasil bajo la administración de Lula da Silva. Para él, lo decisivo es administrar bien el riesgo con apoyo digital. Añadió que desde la Fiscalía ya se trabaja en la prevención y el reporte de operaciones inusuales que suman miles de millones de dólares.
Por qué las apuestas preocupan a los investigadores
El secretario señaló que la rapidez con que se mueve el dinero en las apuestas deportivas las hace atractivas para el lavado de activos. Por eso, sostuvo, la trazabilidad es la prioridad: conocer el origen de los fondos permite medir su legitimidad y llegar a quien inició la operación.
Admitió que el escenario más complicado se da cuando una persona ajena al delito es utilizada por un tercero para realizar la transacción. Para reducir ese riesgo propuso campañas de información dirigidas a la ciudadanía, junto con una documentación rigurosa de los riesgos y medidas preventivas.
Un mercado de pocos y con vigilancia constante
Con requisitos de solvencia altos, un costo anual elevado y un sistema de análisis activo desde enero, el modelo ecuatoriano apunta a un grupo reducido de empresas con capacidad financiera y operativa para cumplir con las nuevas exigencias. La combinación de controles regulatorios y seguimiento de las operaciones busca limitar los riesgos asociados al lavado de activos y dar mayor trazabilidad al dinero que circula en el sector.
Si funciona como se espera, el Estado tendrá mayor visibilidad sobre los flujos de dinero y podrá detectar movimientos que requieran una revisión adicional. Falta ver cuántas compañías se animan a postular, cómo responderá el mercado a las condiciones de entrada y qué resultados ofrecerá la herramienta durante su primer año de funcionamiento.
