El Senado de Brasil evalúa un proyecto histórico que autorizaría los juegos de azar, como el bingo, el «Jogo do Bicho», los casinos y las apuestas en línea.
La propuesta, ya aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), plantea derogar la prohibición vigente desde 1946 y crear un marco regulatorio para estas actividades.
Según Rodrigo Pacheco, presidente del Senado, la votación podría llevarse a cabo el 4 de diciembre o en fechas posteriores, dependiendo de la agenda legislativa.
Prioridades legislativas en Brasil
La iniciativa se enmarca en una lista prioritaria de votaciones que preceden al receso parlamentario de diciembre. Incluye también debates sobre la regulación de la inteligencia artificial, la reforma tributaria y medidas para contener costos fiscales.
A pesar del apoyo del gobierno y algunos segmentos, el proyecto enfrenta oposición de parlamentarios conservadores y movimientos sociales, quienes critican los posibles efectos sociales de la legalización del juego.
Regulación estricta para empresas de juegos de azar
El proyecto propone una regulación estricta para las empresas que deseen operar en Brasil. Solo podrán participar compañías con sede en el país, que acrediten un origen lícito de sus recursos y cumplan con montos mínimos de capital social. Por ejemplo, los casinos necesitarán un capital mínimo de R$ 100 millones.
El Ministerio de Hacienda tendrá a su cargo la licencia, inspección y autorización de estas operaciones, con la opción de establecer una agencia reguladora.
Protección de jugadores y prevención de problemas asociados al juego
Los menores de edad, personas con deudas graves, ludópatas y empleados de las empresas operadoras tendrán prohibido participar.
Las casas de apuestas estarán obligadas a implementar medidas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el endeudamiento excesivo de los jugadores.
Impuestos para jugadores y empresas
Desde una perspectiva fiscal, el proyecto establece impuestos tanto para los jugadores como para las empresas operadoras. Las ganancias superiores a R$ 10.000 serán gravadas con un 20 % de Impuesto sobre la Renta. Las compañías deberán pagar una tasa trimestral de inspección y el 17 % de Contribución de Intervención Económica (Cide) sobre sus ingresos brutos.
Los recursos recaudados se destinarán a programas sociales y de salud pública.
Nuevos delitos relacionados con el juego
El proyecto también tipifica nuevos delitos relacionados con el juego, como operar sin licencia o cometer fraudes en las apuestas, con penas que van desde multas millonarias hasta la revocación de licencias y prisión.
De aprobarse, este marco regulatorio transformaría la actividad del juego en una industria controlada y sujeta a supervisión estatal, mitigando los vínculos con el crimen organizado y atendiendo los impactos sociales de forma proactiva.
