La provincia de Buenos Aires se encuentra en el centro de un nuevo debate regulatorio tras la presentación de un proyecto de ley que propone prohibir la publicidad y el patrocinio de casas de apuestas en eventos deportivos y comunitarios. La iniciativa apunta a reducir la exposición al juego, especialmente entre menores de edad, y preservar el rol social de los clubes.
Impulsado por la senadora Malena Galmarini, el proyecto plantea una restricción específica sobre el entorno deportivo, sin afectar la actividad general de la industria ni su publicidad en otros ámbitos. El foco está puesto en espacios donde la presencia de niños, adolescentes y familias es predominante.
El avance del patrocinio de apuestas en el fútbol argentino
En los últimos años, el fútbol argentino ha experimentado un crecimiento sostenido de acuerdos comerciales con operadores de apuestas. Actualmente, 9 de los 30 equipos de la Primera División cuentan con patrocinadores del sector, muchos de ellos visibles en el frente de sus camisetas.
Clubes de alto perfil como Boca Juniors y Racing mantienen acuerdos con Betsson, mientras que River Plate está vinculado a Betano. Por su parte, Independiente tiene como sponsor a Sportsbet y San Lorenzo a Casino de Buenos Aires Online. A este grupo se suman instituciones como Rosario Central y Newell’s, asociados a City Center Online, además de Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, que también han firmado acuerdos con operadores del rubro.
Qué propone la nueva regulación sobre publicidad de apuestas
El proyecto establece una serie de restricciones concretas orientadas a reducir la visibilidad del juego en el deporte. Entre los principales puntos, se incluye la prohibición de exhibir marcas, logotipos o cualquier tipo de identificación de casas de apuestas en la indumentaria oficial de los clubes.
Asimismo, se plantea eliminar la cartelería publicitaria vinculada al juego en un radio de 100 metros alrededor de espacios deportivos, así como impedir que instalaciones o predios adopten nombres comerciales relacionados con esta actividad.
El alcance de la medida abarca tanto estadios profesionales como polideportivos municipales y espacios amateurs, ampliando su impacto a todos los niveles del deporte.
Protección de menores y cambio en el perfil del público
Uno de los argumentos centrales del proyecto es el cambio en la composición del público en los estadios argentinos. Desde la restricción del ingreso de hinchas visitantes, implementada hace más de una década tras episodios de violencia, se ha registrado un aumento en la asistencia de familias y menores.
Según los impulsores del proyecto, la creciente presencia de publicidad de apuestas en el fútbol podría contribuir a naturalizar el juego entre adolescentes y jóvenes aficionados.
Implementación, control y sanciones previstas
La Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires sería la autoridad encargada de aplicar la normativa, en coordinación con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
Además, los municipios asumirían la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento en sus respectivas jurisdicciones, mientras que el Instituto Provincial de Loterías y Casinos brindaría soporte técnico para identificar operadores alcanzados por la regulación.
El proyecto contempla sanciones que van desde 500 hasta 50.000 unidades de multa, equivalentes actualmente a aproximadamente 2.215 dólares, y habilita al Poder Ejecutivo a suspender o revocar licencias en casos de incumplimiento.
Un debate abierto entre regulación y financiamiento deportivo
La propuesta abre un nuevo escenario para el fútbol argentino, donde los ingresos provenientes de patrocinadores del sector del juego han ganado peso en la estructura financiera de los clubes.
Si bien la iniciativa no prohíbe la actividad de apuestas ni su promoción en términos generales, sí introduce límites claros en un espacio considerado sensible. Esto plantea un desafío para las instituciones deportivas, que deberán equilibrar sus fuentes de financiamiento con nuevas exigencias regulatorias orientadas a la protección social.
