En un año en que varios estados de Estados Unidos avanzan hacia marcos regulatorios más integrados para el cannabis y el entretenimiento, Nevada enfrenta una paradoja que ya no puede ignorar: es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, tiene el cannabis recreativo legalizado desde 2017 y, sin embargo, sus principales zonas de atracción turística siguen siendo zonas prohibidas para el acceso legal a esa sustancia.
Un informe del Instituto de Políticas sobre el Cannabis de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), elaborado junto a investigadores de la Universidad de California en Davis y la consultora Strategies 64, cuantifica por primera vez el costo real de esa contradicción. Las conclusiones son difíciles de ignorar en el actual contexto legislativo: las restricciones regulatorias vigentes entre la industria del cannabis y el sector del juego le costaron al estado $540 millones en ventas legales durante 2024, fortalecieron el mercado ilícito y redujeron la recaudación fiscal en al menos $80 millones anuales.
Cuánto dinero está perdiendo Nevada: los hallazgos del informe
La cifra central del estudio es contundente: el sector minorista legal de cannabis de Nevada perdió aproximadamente $540 millones en ingresos durante 2024 como consecuencia directa de tres restricciones regulatorias.
Entre las principales limitaciones identificadas aparece la prohibición de distribuir cannabis en hoteles y propiedades con licencia de juego, además de las restricciones de distancia entre dispensarios y casinos, y la imposibilidad de establecer vínculos comerciales entre ambas actividades.
En términos fiscales, si se eliminaran estos obstáculos, la recaudación estatal por cannabis podría escalar desde los $120 millones registrados en el ejercicio fiscal 2024 hasta los $200 millones, un incremento del 67% que en el actual debate presupuestario de Nevada resulta especialmente relevante.
Los «desiertos de cannabis» en el corazón del Strip de Las Vegas
El informe acuña un término que describe con precisión el problema sobre el terreno: «desiertos de cannabis». Así denomina a las zonas turísticas donde el acceso al producto legal es prácticamente imposible, en particular a lo largo del Strip de Las Vegas, que concentra al 69% de los turistas que se alojan en hoteles de la franja y recibe a casi 30 millones de visitantes al año.
El dato cobra mayor peso cuando se considera que, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, la ciudad recibió 38,5 millones de visitantes en 2025, una caída del 7,5% respecto al año anterior, con la tasa de ocupación hotelera más baja de los últimos cinco años. En ese contexto de presión sobre la industria turística, la incapacidad de ofrecer experiencias integradas de cannabis en los principales complejos hoteleros y casinos representa una desventaja competitiva concreta frente a destinos que sí lo permiten.
Para quienes desean acceder a cannabis legal desde el Strip, las opciones actuales son costosas e incómodas: los trayectos a pie hacia dispensarios autorizados pueden extenderse hasta 95 minutos, mientras que un traslado en taxi implica entre $30 y $40 dólares. Este escenario empuja a una parte de los turistas hacia fuentes ilegales, perpetuando un mercado negro que la legalización de 2017 debería haber desarticulado hace años.
Por qué estas restricciones siguen vigentes en 2026
Las barreras actuales tienen un origen bien documentado. La política de separación entre juego y cannabis fue formalizada mediante un memorando de la Junta de Control de Juegos de Nevada (NGCB) en 2014, cuando los reguladores argumentaron riesgos de cumplimiento normativo y de reputación para los operadores de casinos. En ese momento, el cannabis recreativo aún no era legal en Nevada y el escenario federal era marcadamente hostil.
Hoy, en 2026, ese contexto es radicalmente distinto. Las autoridades federales toleran en la práctica las operaciones de cannabis que cumplen con la regulación estatal. Jurisdicciones como Nueva Jersey y varios municipios canadienses ya permiten la integración entre cannabis y juego con resultados positivos. Y el propio mercado legal de Nevada lleva casi una década de funcionamiento sin los problemas reputacionales que los reguladores temían en 2014.
Sin embargo, el memorando de la NGCB sigue vigente y las ordenanzas del condado de Clark no han sido actualizadas, lo que convierte a Nevada en un caso de rezago regulatorio en un sector que el resto del continente está reformando activamente.
