El gobierno de Camboya anunció el cierre de 91 casinos que funcionaban como fachada para operaciones de fraude, en el marco de una campaña nacional que en los últimos nueve meses desmanteló más de 250 centros ilícitos vinculados a redes de estafa. La noticia llega en un momento de fuerte presión internacional sobre el país, con sanciones recientes del Tesoro de Estados Unidos y un informe crítico de Amnistía Internacional sobre el organismo regulador del juego.
El alcance de la operación
Según informó la agencia estatal de noticias china Xinhua, que dio a conocer los cierres en primera instancia, las autoridades camboyanas deportaron a 13.039 ciudadanos extranjeros de 33 países que fueron encontrados involucrados en operaciones de fraude. Otros 241.888 expatriados abandonaron voluntariamente el país desde mediados de enero.
El gobierno camboyano encuadró la operación dentro de una estrategia de largo aliento, advirtiendo que la erradicación de estas redes criminales es «una maratón, no una carrera de velocidad» y que «el éxito depende de la cooperación internacional sostenida y la vigilancia local». Las autoridades también instaron a la comunidad internacional a reconocer lo que describieron como «una firme apuesta por la transparencia y el estado de derecho», calificando la ofensiva como «el fin definitivo de la era de impunidad para los ciberdelincuentes regionales».
El Tesoro de Estados Unidos sanciona a un senador camboyano
La campaña de cierres se produce días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a un senador camboyano, junto a 28 personas y entidades de su red, por defraudar a ciudadanos estadounidenses a través de múltiples complejos fraudulentos. Según la acusación, el senador habría controlado estas operaciones desde casinos y otros edificios de su propiedad en distintas partes del país.
Las sanciones añaden una dimensión diplomática a una situación que hasta hace poco era tratada principalmente como un asunto de seguridad interna, y elevan la presión sobre Camboya para que demuestre que sus acciones van más allá de los anuncios.
Amnistía Internacional cuestiona al regulador del juego
El contexto se complica aún más por un informe reciente de Amnistía Internacional que acusó al organismo regulador del juego de Camboya de haber renovado las licencias de al menos 12 complejos de casinos a pesar de contar con pruebas directas de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en su interior.
La denuncia pone en entredicho la narrativa oficial de tolerancia cero, al sugerir que las autoridades regulatorias habrían continuado habilitando establecimientos con antecedentes documentados de abuso mientras la campaña de cierres avanzaba en paralelo.
Un problema regional con implicaciones globales
Las operaciones de estafa vinculadas a casinos en el sudeste asiático han ganado visibilidad internacional en los últimos años, en parte por los métodos utilizados para reclutar a sus propias víctimas operativas, muchas veces captadas con falsas ofertas de empleo y retenidas contra su voluntad. La deportación de más de 13.000 extranjeros de 33 países refleja la dimensión transnacional del fenómeno, que involucra tanto a víctimas como a operadores provenientes de múltiples regiones.
Para Camboya, la campaña representa un intento de recomponer su imagen internacional en un sector que, mal regulado, ha derivado en uno de los escándalos de crimen organizado más complejos de la región en los últimos años.
El reto de sostener la credibilidad en el tiempo
Más allá del impacto inmediato de los cierres y las deportaciones, el verdadero desafío para Camboya comienza ahora: sostener en el tiempo una estrategia que no solo sea efectiva, sino también creíble ante la comunidad internacional. La magnitud del operativo demuestra capacidad de acción, pero las críticas sobre la actuación del regulador y las recientes sanciones externas evidencian que aún existen fisuras estructurales que deben ser abordadas con mayor profundidad. No se trata únicamente de desmantelar redes, sino de evitar que vuelvan a surgir bajo nuevas formas o con otros actores.
En ese sentido, la clave estará en la coherencia entre las políticas públicas, la supervisión regulatoria y la cooperación internacional. La naturaleza transnacional de estas operaciones exige coordinación sostenida con otros países, así como mecanismos de control más estrictos sobre licencias, financiamiento y actividad digital. Si Camboya logra traducir esta ofensiva en reformas duraderas, podría marcar un punto de inflexión en la región. De lo contrario, el riesgo es que esta ofensiva quede como un episodio contundente, pero insuficiente frente a un fenómeno que ha demostrado una alta capacidad de adaptación y expansión global.
