A pesar de que el gobierno de Camboya ha proclamado en repetidas ocasiones que está desmantelando las redes de cibercrimen que operan en su territorio, un reciente informe de Amnistía Internacional contradice esa narrativa oficial. Según la organización, al menos doce casinos que cuentan con licencias otorgadas por el propio Estado camboyana están directamente vinculados a centros de estafa digital donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
El informe, publicado recientemente, se basa en documentos oficiales de la Comisión de Gestión del Juego Comercial de Camboya (CGMC) y en testimonios de personas que sobrevivieron a estos complejos. Los hallazgos apuntan a un patrón sistemático: los propietarios de esos casinos controlan al menos doce establecimientos distintos en los que los investigadores han documentado actos de tortura, trabajo forzado, trabajo infantil y trata de personas.
Qué dice el informe de Amnistía Internacional sobre los casinos camboyanos
La investigación establece una conexión directa entre las propiedades con licencia oficial y los centros de estafa que operan dentro o en estrecha vinculación con ellas. «Los hallazgos corroboran el testimonio de los supervivientes de los complejos, quienes describieron haber estado en las instalaciones del casino mientras permanecían confinados y eran maltratados», señala el documento.
Entre los establecimientos señalados figuran tres casinos que pertenecerían al empresario y político sino-camboyano Kok An, descrito en medios regionales como figura cercana al ex primer ministro y actual presidente del Senado, Hun Sen. Kok An encabeza el conglomerado Anco Brothers Co Ltd, con sede en Phnom Penh.
Las estafas de «matanza de cerdos» y el negocio millonario del fraude digital
El contexto en el que se enmarcan estas denuncias es el auge de las denominadas estafas de «matanza de cerdos», una modalidad de fraude en línea que combina ingeniería social con inversiones falsas en criptomonedas. Los estafadores construyen vínculos de confianza con sus víctimas a lo largo de semanas o meses, generalmente a través de aplicaciones de mensajería o redes sociales, para luego persuadirlas de invertir en plataformas fraudulentas.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que este tipo de fraudes mueve alrededor de $40,000 millones al año a nivel global. La misma agencia felicitó recientemente a Camboya por intensificar sus acciones contra el cibercrimen, lo que contrasta con las conclusiones del informe de Amnistía Internacional.
Las medidas del gobierno camboyano y sus contradicciones
Desde 2025, Camboya ha reportado miles de arrestos relacionados con redes de cibercrimen. Entre enero y febrero de ese año, las autoridades clausuraron 190 centros de estafa en todo el país, incluyendo 44 casinos presuntamente involucrados en actividades fraudulentas. Además, la CGMC revocó las licencias de cuatro casinos vinculados a Prince Group Holdings, señalado como uno de los operadores de fraude en línea más grandes del mundo.
En su momento de mayor actividad, se estima que las operaciones de Prince Group generaban aproximadamente $30 millones diarios. En enero, las autoridades camboyanas arrestaron a Chen Zhi, director de la compañía, y lo deportaron a China, donde enfrenta cargos de fraude, lavado de dinero, trata de personas y tortura.
La CGMC defendió estas acciones como prueba de su compromiso con «fortalecer la regulación del sector del juego comercial y garantizar que las operaciones se lleven a cabo legalmente».
Qué implica esta situación para la región
El informe de Amnistía Internacional añade presión internacional sobre Camboya en un momento en que los países del Sudeste Asiático enfrentan escrutinio creciente por su papel en el ecosistema global del cibercrimen. La existencia de casinos con licencia oficial vinculados a operaciones de estafa sugiere que el problema no se limita a actores aislados, sino que involucra estructuras institucionales y económicas más profundas.
Para las víctimas de estas redes, muchas de ellas personas captadas con falsas promesas de empleo y luego retenidas contra su voluntad, la situación sigue siendo crítica mientras las respuestas gubernamentales permanezcan incompletas o selectivas.
