Con la digitalización de la economía, la aceleración de la transformación de las organizaciones y la conexión de un mayor número de trabajadores de forma remota, también se incrementó la vulnerabilidad y el grado de exposición de las compañías a los ciberataques.
Hoy tenemos un panorama de amenazas complejo, manejado por grupos de ciberdelincuentes organizados que ya no operan de manera aislada, sino que usan estrategias más sofisticadas y específicas, como el ransomware, un tipo de ataque que está afectando a empresas de todos los sectores, gobiernos e incluso economías enteras.
Su característica es que toda la información o los servers del usuario, termina encriptada por el atacante, dejando de estar disponible. Los ciberatacantes envían permanentes mensajes instando a pagar altas cantidades de dinero (usualmente en forma de criptomonedas) para recuperar el acceso a la información.
Sumado al ransomware, al malware y a los recurrentes ataques de phising e ingeniería social, otro vector nuevo de ataque en la región latinoamericana son los dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), a partir de los cuales los ciberdelincuentes buscan tomar el control de los sistemas corporativos.
En 2020, Chile sufrió aproximadamente 2,3 millones de ataques informáticos, un aumento de más del 50 % respecto a los 1,5 millones de 2019. Por su parte, Costa Rica experimentó más de 2500 millones de intentos de ciberataques durante el 2021.
En Uruguay, durante el mismo año, se detectaron y respondieron 3948 incidentes informáticos, de los cuales el 1.3 % fueron clasificados con severidad “alta” o “muy alta”. Esto representó un crecimiento de un 41 % en relación con los detectados en 2020. Según un índice de la ONU, Ecuador se encuentra en el puesto 119 de 182 países en vulnerabilidad por ataques cibernéticos.
En 2021 se estimó que faltaban 700 mil candidatos en este campo en Latinoamérica. Y una estimación señala que para el 2024 se necesitarán 10 millones de expertos en ciberseguridad en América Latina. De allí la importancia de implementar una política y estrategia de ciberseguridad, como en el caso de Paraguay, que registró algunos de los puntajes más bajos en protección de infraestructura crítica y redundancia de comunicaciones, alcanzando un nivel de madurez de uno.
