En un contexto regional donde la liberalización del sector del juego se acelera, especialmente en países como Tailandia, Vietnam o incluso Japón, Filipinas ha optado por un enfoque más mesurado. El presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ha manifestado que su administración adoptará una posición cautelosa y progresiva frente a cualquier intento de reforma legislativa que implique una expansión o flexibilización del marco regulatorio actual.
“Vamos a considerar cuidadosamente cualquier reforma que se proponga en el sector del juego. Nuestro objetivo es proteger a la población de los efectos nocivos sin frenar el desarrollo económico”, declaró el mandatario durante una entrevista reciente, reflejando así un cambio en el tono político frente a un tema históricamente polémico, pero también económicamente relevante para el país.
Un sector económicamente atractivo… pero socialmente sensible
La industria del juego en Filipinas es un motor económico relevante: en 2023, los ingresos brutos generados por el sector, según cifras de la Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), ascendieron a aproximadamente US$ 1,450 millones, lo que convierte al país en uno de los actores más importantes de la región en esta industria.
Este monto incluye tanto los ingresos de casinos físicos como de operadores de juego online, entre ellos los llamados Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs). Este modelo permitió atraer a un gran número de operadores internacionales desde 2016, con la promesa de un marco fiscal competitivo, licencias claras y una ubicación estratégica. Sin embargo, el crecimiento acelerado de los POGOs también trajo preocupaciones relacionadas con delitos financieros, el control migratorio y los efectos sociales en la población local.
Ante esta realidad, el presidente Marcos Jr. reafirmó que su administración no permitirá que el desarrollo económico del sector se imponga sobre los principios de ética pública, transparencia y protección ciudadana.
“Debemos garantizar que los beneficios del juego, como los ingresos tributarios, no vengan acompañados de costos sociales que luego debamos remediar con dinero público”, sostuvo.
Regulación más estricta y revisión de licencias
Uno de los puntos clave de la estrategia del gobierno filipino será una revisión exhaustiva del proceso de licenciamiento, en particular para los operadores offshore. A medida que otros países implementan regulaciones más modernas, Filipinas busca no quedarse atrás, pero sin renunciar a su principio de “crecimiento con responsabilidad”.
La PAGCOR, que actúa como regulador y operador a la vez, ha sido una institución clave en el desarrollo de la industria. Desde allí, se ha promovido la canalización de una parte de los ingresos del juego hacia programas sociales, infraestructura pública, salud y educación. Solo en 2023, PAGCOR transfirió más de US$ 530 millones al tesoro nacional y a fondos especiales, consolidándose como una fuente importante de financiamiento estatal.
Sin embargo, se ha generado debate sobre si un mismo ente puede ser juez y parte. Por ello, una de las reformas que se evalúan es la separación de funciones regulatorias y operativas, siguiendo modelos internacionales de buenas prácticas. Esto permitiría una mayor independencia en la supervisión de los operadores, al tiempo que se reducen conflictos de interés.
Juego online, responsabilidad digital y prevención de adicciones
La expansión del juego digital —acelerada por la pandemia y el crecimiento del acceso móvil— también ha impulsado la necesidad de actualizar la normativa. Filipinas fue pionera en la región en autorizar plataformas online, pero el presidente ha reconocido que hoy se requiere una regulación más robusta, especialmente en lo que respecta a:
- Protección de menores de edad y personas vulnerables
- Controles sobre publicidad y marketing digital
- Herramientas de autoexclusión y límites de gasto
- Auditorías independientes sobre cumplimiento normativo
“No nos oponemos al desarrollo tecnológico ni a la digitalización del juego. Lo que buscamos es que ese crecimiento no profundice desigualdades ni genere nuevas formas de adicción”, subrayó Marcos Jr.
Reacciones del sector privado e internacional
La respuesta de los actores privados ha sido mixta. Algunos inversionistas internacionales ven con buenos ojos la estabilidad institucional y la disposición del gobierno a mantener el orden regulatorio, lo cual favorece la inversión a largo plazo. Otros, en cambio, temen que una regulación más estricta o una reforma lenta afecte la competitividad del país frente a otras jurisdicciones más “pro-mercado”.
Por ejemplo, Tailandia ha anunciado su intención de legalizar los casinos y atraer inversión extranjera directa en resorts integrados. Japón, por su parte, ya aprobó su primer casino-resort en Osaka, lo cual representa una amenaza directa al posicionamiento regional de Filipinas.
Una visión a largo plazo para un crecimiento sostenible
El mensaje del gobierno filipino es claro: no se oponen al desarrollo del sector, pero no lo harán a cualquier costo. Las futuras reformas buscarán proteger el tejido social y asegurar que los beneficios económicos se traduzcan en mejoras reales para la población.
El reto para Filipinas será encontrar el equilibrio entre crecimiento económico, competitividad regional y responsabilidad social, en un momento clave para la industria del juego en Asia.
