El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó la semana pasada un proyecto de ley que establece las directrices para el mercado de criptomonedas en el país. Según publicó el Diario Oficial, el texto (que entrará en vigor dentro de 180 días) sentará las bases para la negociación de activos virtuales y definirá los actores autorizados para ello. A su vez, tipificará los delitos relacionados con la actividad.
La regulación surgió como un intento de conseguir mayor supervisión sobre el sector, luego de que semanas atrás colapsara una de las principales bolsas de criptomonedas del mundo, FTX, lo que provocó investigaciones de las autoridades de Bahamas, en conjunto con la policía estadounidense.
Esta medida es una de las últimas que encabezará Bolsonaro ya que su gobierno se verá finalizado el próximo primero de enero, cuando asuma el recientemente electo Luiz Inacio Lula da Silva.
La ley establece, también, que las empresas que operen con divisas digitales solamente podrán funcionar en el país con una autorización previa de un órgano o entidad de la administración pública federal. Ese órgano responsable será el encargado, asimismo, de establecer las condiciones y plazos para que las empresas de criptomonedas se adapten a la nueva legislación.
El proyecto, según los medios locales, daría a las compañías un periodo de gracia para su cumplimiento. Por otro lado, con esta nueva regulación, las firmas estarán obligadas a tener un registro de sus transacciones con el objetivo de que puedan pasar esas informaciones a los órganos de fiscalización y combate del crimen organizado y lavado de dinero.
En ese sentido, la ley introduce un nuevo tipo de estafa en el Código Penal, que permite penas de entre cuatro y ocho años de cárcel más multa. Gracias a estos cambios, serán perseguidos aquellos que (mediante el uso de activos virtuales) organicen, administren, ofrezcan, distribuyan o intermedien operaciones con criptomonedas para “obtener ventaja ilícita con el perjuicio ajeno”.
Otro de los cambios que trajo este nuevo proyecto es la modificación de la Ley de Lavado de Dinero, por la que ahora incluye a los delitos de blanqueo de capitales mediante la utilización de activos virtuales.
