El estado de Kentucky, que legalizó las apuestas deportivas en 2023, enfrenta ahora una revisión profunda de su regulación. El Proyecto de Ley 904 de la Cámara de Representantes, presentado el 4 de marzo, introduce cambios en varios frentes simultáneamente: la edad legal para apostar, las apuestas sobre jugadores universitarios, los requisitos técnicos para los operadores y el tratamiento fiscal de las instalaciones de carreras de caballos.
La iniciativa refleja una tendencia que se observa en varios estados del país, donde la experiencia acumulada desde la legalización ha generado presión legislativa para ajustar y endurecer las normas vigentes.
La prohibición de apuestas prop en deportes universitarios de Kentucky
El punto más debatido del HB904 es la restricción sobre las llamadas apuestas especiales, conocidas en el sector como apuestas prop o de proposición. Bajo esta propuesta, las casas de apuestas deportivas y los proveedores de servicios no podrían aceptar ni ofrecer apuestas sobre el rendimiento individual de jugadores en partidos de equipos universitarios del propio estado de Kentucky.
La prohibición no alcanza a las apuestas sobre el resultado final de los partidos, sino únicamente a aquellas que involucran estadísticas individuales: la cantidad de puntos anotados por un jugador, las yardas de pase completadas, los rebotes conseguidos u otras métricas de desempeño personal.
Este tipo de restricción no es exclusiva de Kentucky. Louisiana, por ejemplo, ha avanzado en una propuesta aún más amplia que busca prohibir por completo las apuestas deportivas vinculadas a equipos universitarios del estado.
La edad mínima para apostar sube de 18 a 21 años
Otro cambio central del HB904 es la modificación del requisito de edad para participar en apuestas deportivas, concursos de fantasía y actividades de juegos de caridad. El proyecto eleva ese umbral de 18 a 21 años, alineando a Kentucky con la mayoría de los estados donde las apuestas deportivas son legales.
Actualmente, Kentucky es una de apenas seis jurisdicciones en Estados Unidos que permiten apostar a partir de los 18 años. Las otras cinco son Montana, New Hampshire, Rhode Island, Washington D.C. y Wyoming. De aprobarse el HB904, Kentucky abandonaría ese grupo reducido y adoptaría el estándar más extendido a nivel nacional.
Requisitos técnicos y operativos para los operadores con licencia
La legislación también introduce obligaciones concretas para las casas de apuestas que operan en el estado. Los operadores deberán verificar la identidad de los clientes que realicen depósitos o retiros, e implementar tecnología comercialmente razonable para proteger la información personal de los usuarios.
El uso de sistemas de geolocalización será obligatorio para garantizar que las apuestas se acepten únicamente de personas que se encuentren físicamente dentro de los límites de Kentucky. Adicionalmente, los servidores utilizados para procesar las apuestas deberán estar ubicados dentro del estado, un requisito que añade una capa de control jurisdiccional sobre la infraestructura tecnológica del sector.
Los hipódromos con licencia podrán contratar hasta tres proveedores de servicios para gestionar sus operaciones de apuestas deportivas, incluyendo plataformas en línea y aplicaciones móviles. En todos los casos, esas plataformas deberán operar bajo la marca del hipódromo, del proveedor de servicios o de ambos.
Sanciones para el juego ilegal: delito menor de Clase B
El HB904 también precisa las consecuencias legales para quienes faciliten actividades de juego sin licencia. Cualquier persona que, a sabiendas, permita que se realicen ese tipo de actividades en su propiedad y no adopte medidas para detenerlas en un plazo razonable podrá enfrentar cargos penales. La legislación clasifica esta conducta como un delito menor de Clase B bajo la ley de Kentucky.
Kentucky en el mapa regulatorio de las apuestas en Estados Unidos
La presentación del HB904 ubica a Kentucky en una conversación legislativa que se replica en múltiples estados. La expansión rápida de las apuestas deportivas en los últimos años ha generado interrogantes sobre sus efectos en poblaciones vulnerables, la integridad de los deportes universitarios y la adecuación de los marcos legales iniciales.
La propuesta de elevar la edad mínima a 21 años y de limitar las apuestas sobre jugadores universitarios locales representa una señal de maduración regulatoria: los estados que legalizaron primero comienzan ahora a revisar y ajustar las condiciones bajo las cuales opera ese mercado.
