El debate sobre la regulación de las apuestas deportivas y el juego online en Brasil dio un paso significativo. La Cámara de Diputados aprobó la Propuesta de Enmienda Constitucional 18/2025, conocida popularmente como la PEC de Seguridad Pública, una iniciativa que redefine el destino para parte de los ingresos generados por el sector del juego en el país.
A diferencia de otras iniciativas legislativas que buscaban aumentar la carga impositiva sobre los operadores, esta enmienda propone una redistribución interna de los fondos ya recaudados, sin imponer nuevas cargas fiscales al sector privado.
El origen de la PEC 18/2025 y el papel del ponente Mendonça Filho
La propuesta aprobada en Brasil no es el texto original enviado por el Gobierno Federal al Congreso. El diputado Mendonça Filho, designado como ponente de la iniciativa, introdujo modificaciones sustanciales al documento inicial, reorientando el enfoque de la enmienda hacia la seguridad pública como área prioritaria de inversión.
Con la aprobación en la Cámara Baja, el texto pasará ahora al Senado Federal para su debate y votación. Si el Senado introduce cambios, el proyecto debería regresar a la Cámara para una nueva revisión.
Cómo se distribuirán los fondos: FNSP y FUNPEN como principales destinatarios
El núcleo de la PEC 18/2025 establece que los recursos provenientes de las apuestas de cuota fija y del juego online en Brasil serán canalizados hacia dos fondos específicos:
- El Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), que financia operaciones policiales, equipamiento y programas de prevención del delito.
- El Fondo Nacional Penitenciario (FUNPEN), orientado a la infraestructura y gestión del sistema carcelario.
Esta decisión legislativa responde a una demanda histórica de los organismos de seguridad del país, que señalan un déficit crónico de financiamiento frente al crecimiento del crimen organizado.
El esquema de incremento gradual: del 10% al 30% entre 2026 y 2028
La enmienda no aplica el porcentaje máximo de inmediato. En cambio, establece un cronograma de implementación progresiva: a partir de 2026, el 10% de los recursos netos del juego online se destinará a seguridad pública. Ese porcentaje aumentará de forma escalonada hasta alcanzar el techo del 30% fijado por la propia enmienda constitucional.
Este mecanismo busca evitar un impacto abrupto sobre la distribución actual de fondos y permitir que las instituciones receptoras adapten sus estructuras de gestión presupuestaria.
Cómo se calcula la base imponible: qué se descuenta antes del reparto
Un aspecto técnico pero central de la PEC es la definición de la base sobre la cual se aplicará el porcentaje destinado a seguridad pública. Antes de calcular el monto a transferir, se deben deducir del total recaudado los siguientes conceptos:
- Los premios pagados a los apostadores.
- El impuesto a la renta correspondiente a los operadores.
- Las ganancias brutas de las casas de apuestas.
En la práctica, esto significa que la base de cálculo es el ingreso neto del sector, no la facturación bruta. Se trata de un criterio que los operadores han respaldado en instancias previas de debate parlamentario, ya que acota la magnitud real de la transferencia.
El impacto sobre otras instituciones y el debate sobre la redistribución
La aprobación de esta enmienda no es neutral para todos los actores del sistema. Al reservar hasta el 30% de los ingresos netos del juego para seguridad pública, se reduce en igual proporción el volumen de fondos disponibles para otras instituciones que hoy reciben recursos de esa misma fuente.
Entre las áreas afectadas se encuentran la seguridad social, el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Turismo, instituciones que ya contaban con asignaciones provenientes del sector del juego regulado. El propio FNSP, de hecho, ya recibía una porción de esos ingresos bajo el esquema vigente, por lo que la enmienda amplía y formaliza esa asignación a expensas de otros destinos presupuestarios.
El contexto: Brasil y la regulación del juego online en expansión
Brasil completó en 2024 el proceso de regulación formal de las apuestas deportivas de cuota fija, con la emisión de licencias para operadores nacionales e internacionales. Desde entonces, el debate legislativo se ha intensificado en torno a la distribución de los recursos fiscales generados por un sector que, según estimaciones oficiales, mueve miles de millones de dólares al año.
La PEC 18/2025 es uno de los primeros intentos de redirigir esos ingresos hacia áreas de alta sensibilidad social, marcando un precedente sobre cómo el Estado brasileño busca capitalizar la formalización del juego para atender necesidades estructurales de financiamiento público.
