En Argentina, lo que debía ser una operación de venta inmobiliaria respaldada por el Concejo Deliberante local derivó en un conflicto judicial de creciente complejidad. El Municipio de Necochea confirmó que apelará la medida cautelar que, en febrero de 2026, suspendió la subasta pública del Complejo Casino, y el expediente será elevado a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata para su revisión en segunda instancia.
El caso concentra la atención de la ciudad costera bonaerense no solo por el valor económico del inmueble en cuestión, sino porque pone en discusión la validez de un proceso administrativo y legislativo que llevó meses de debate y que, a días de su culminación, fue frenado por la justicia.
Un largo proceso previo: del Concejo Deliberante a la fecha de subasta
La historia del Complejo Casino Necochea como bien a subastar no comenzó en febrero. El proceso tuvo su origen en un extenso debate dentro del Concejo Deliberante local, el cuerpo legislativo de la ciudad, que en su momento debió analizar la conveniencia y la legalidad de poner en venta el inmueble mediante una subasta pública.
Tras varias instancias de discusión política y administrativa, el Concejo aprobó por mayoría la venta del inmueble y sancionó la ordenanza que habilitaba el procedimiento. Con ese respaldo legislativo, el Ejecutivo municipal avanzó en la organización de la subasta y fijó el 11 de febrero como fecha para su realización.
Sin embargo, ese cronograma nunca llegó a cumplirse.
La medida cautelar que paralizó todo
Días antes de la fecha prevista para la subasta, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea dictó una medida cautelar que suspendió el proceso de forma inmediata. La decisión judicial no fue una sorpresa total para quienes seguían el expediente de cerca: según informaron medios locales, el juzgado había advertido con anterioridad sobre la necesidad de incorporar documentación al expediente antes de avanzar.
El fallo se fundamentó en una serie de observaciones específicas sobre el procedimiento administrativo que habilitó la venta. Entre los puntos centrales de la resolución judicial se destacan los siguientes aspectos.
Las irregularidades que detectó el juzgado de Necochea
El tribunal de primera instancia identificó un conjunto de problemas formales y sustantivos en el expediente que respaldaba la subasta. El primero y más general fue la detección de irregularidades en el proceso administrativo previo a la autorización de la venta, un señalamiento que abarca tanto el modo en que se instruyó el expediente como las condiciones bajo las cuales se sancionó la ordenanza habilitante.
A eso se sumó un problema documental concreto: el juzgado había requerido a comienzos de diciembre la presentación de información clave que nunca fue incorporada al expediente. Esa documentación, considerada esencial para evaluar la regularidad del procedimiento, no estaba disponible en el momento en que el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que autorizó la subasta.
La decisión del Municipio de Necochea: apelar ante la Cámara de Mar del Plata
Ante ese escenario, el Ejecutivo municipal de Necochea resolvió no acatar la suspensión sin agotar las instancias judiciales disponibles. La apelación presentada por el Municipio implica que el expediente sea remitido a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, el tribunal de segunda instancia con competencia para revisar las resoluciones del juzgado local.
La Cámara tendrá ante sí una tarea precisa: analizar el recurso presentado por el Ejecutivo municipal, examinar los fundamentos de la decisión de primera instancia que mantuvo la cautelar y determinar si las irregularidades identificadas por el juzgado son suficientes para sostener la suspensión o si, por el contrario, corresponde levantar el freno judicial y permitir que la subasta avance.
El Complejo Casino Necochea y el debate sobre la gestión de bienes públicos en Argentina
Más allá de las particularidades del caso, la situación del Complejo Casino Necochea ilustra una tensión que se repite con frecuencia en la gestión municipal de bienes públicos en Argentina. La presión política por concretar operaciones de venta o concesión de inmuebles del Estado, muchas veces impulsada por necesidades presupuestarias, choca en ocasiones con los controles judiciales que exigen el cumplimiento riguroso de los procedimientos administrativos establecidos por ley.
En este caso, el juzgado no cuestionó la facultad del Municipio de subastar el inmueble ni la decisión política del Concejo Deliberante de aprobarlo, sino la forma en que ese proceso fue instruido. Una distinción que, en apariencia técnica, tiene consecuencias prácticas de enorme peso para la administración local y para los potenciales interesados en participar de la subasta.
Mientras la Cámara de Apelación de Mar del Plata define su postura, el Complejo Casino Necochea permanece en un limbo jurídico cuya resolución marcará el rumbo de uno de los procesos de venta de activos públicos más seguidos de la región bonaerense en los últimos meses.
