En la reciente reforma de la regulación de juegos y apuestas en México, bajo la excusa de fortalecer el control y la transparencia en el sector, se ha generado una controversia en torno a las nuevas medidas presentadas. Estas reformas, aunque anunciadas con la intención de mejorar el entorno de entretenimiento y juegos de azar, está ocasionado grandes preocupaciones en la industria respecto a la posible concentración de poder y la interferencia gubernamental en la libertad de elección de los ciudadanos. ¿Qué implican estas reformas y cuál ha sido la respuesta de la industria?
ENDURECEN LA REGULACIÓN
En una decisión altamente debatida, el Ejecutivo aprobó, a mediados de noviembre, un nuevo decreto (DOF 16/11/2023), respaldado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Este prohíbe de manera total la presencia de máquinas tragamonedas en casinos y establecimientos de apuestas. Según el decreto, se define como máquina tragamonedas a “todo dispositivo a través del cual la persona usuaria juega con apuesta, mediante la inserción de dinero en efectivo o cualquier otra forma de pago con la finalidad de obtener un premio”.
A pesar de que la nueva normativa entró en vigencia el viernes 17 de noviembre de este año, las personas con permisos vigentes para operar estas máquinas y que estén actualmente en funcionamiento podrán seguir operando según sus términos, siempre que no excedan la vigencia del permiso, como se establece en el artículo 33, fracción I, de este Reglamento.
En caso de que los casinos excedan el plazo de vigencia, se entenderá como 15 años improrrogables; es decir, tendrán un máximo de 15 años para dejar de utilizar dicho permiso, y el tiempo comenzará a contar desde la publicación del decreto. La regulación también especifica que los permisos para la apertura y operación del cruce de apuestas en lugares como hipódromos, frontones, galgódromos, centros de apuestas y similares, tendrán una vigencia de un año como mínimo y 15 años como máximo. Se cancelarán los permisos no utilizados por los operadores, anulando las autorizaciones de aquellos que no estén explotando o administrando un establecimiento en funcionamiento cuando entra en vigor el decreto.
Según la Dirección General de Juegos y Sorteos, el objetivo de cancelar el uso de máquinas tragamonedas en casinos y salas de juego es reglamentar las disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con la finalidad de autorizar, controlar, vigilar e inspeccionar los juegos que involucren apuestas y sorteos en todas sus modalidades, excluyendo el juego tradicional de la Lotería Nacional. Además, se busca eliminar los sorteos de números o símbolos realizados a través de máquinas.
NUEVAS MEDIDAS EN LA REFORMA
Aunque la prohibición de las máquinas tragamonedas ha sido la medida más impactante de la reforma, también se han implementado otras restricciones al juego, como: Control centralizado. La Secretaría del Gobierno mexicano ejerce un control notablemente ampliado sobre la autorización, control y vigilancia de juegos con apuestas y sorteos. Esta centralización refuerza la autoridad federal en perjuicio de las entidades estatales y municipales.
Prohibiciones y restricciones. Las reformas imponen prohibiciones más rigurosas, limitando las actividades de juegos con apuestas y sorteos que no estén explícitamente contempladas en la nueva legislación. Aunque busca ordenar el sector, esta restricción puede interpretarse como un intento de establecer una perspectiva específica sobre las formas de entretenimiento aceptables.
Duración de permisos. Las autorizaciones para la apertura y operación de establecimientos ahora tienen una duración máxima de 15 años, representando un cambio significativo en su temporalidad. Además, se prohíben nuevas concesiones para actividades no alineadas con las disposiciones del nuevo reglamento.
Supervisión intensificada. Se incrementa la vigilancia gubernamental en eventos regionales, ferias y sorteos organizados por entidades paraestatales destinadas a la asistencia pública, y se aumenta la presencia de inspectores, excluyendo el caso de la Lotería Nacional.
Aspecto populista. La decisión de limitar la duración de los permisos y la prohibición de nuevas concesiones parece coincidir con una visión populista que busca mantener el control gubernamental sobre estas actividades, argumentando que de esta manera se otorga protección a la sociedad contra posibles abusos o excesos por parte de empresas privadas.
Enmiendas apresuradas. La rapidez con la que se han implementado estas reformas, sin un periodo de transición considerable, sugiere una inclinación hacia decisiones apresuradas, posiblemente motivadas por consideraciones políticas a corto plazo.
CAMBIOS A LA LEY ANTERIOR
La alteración actual surge siete años después de que las máquinas fueran legalizadas en la administración del gobierno de Felipe Calderón. Durante ese periodo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el uso de tragamonedas en casinos al clasificarlo como un juego de sorteo, no de azar o habilidades.
En el 2016, la SCJN legalizó las tragamonedas, pero únicamente aquellas en casinos con permisos específicos para operarlas. En las deliberaciones, se coincidió con que este tipo de juegos se categoriza como “sorteo” en lugar de pertenecer al ámbito de azar o habilidades, como las cartas en sus distintas modalidades.
No obstante, la Secretaría de Gobernación (Segob) advirtió que las máquinas tragamonedas pueden perjudicar a los menores, ya que existe una red de delincuencia organizada asociada con su uso e instalación. Estas modificaciones, a pesar de ser presentadas como acciones destinadas a fortalecer el control y la transparencia en el ámbito del entretenimiento y los juegos de azar, suscitan inquietudes sobre la acumulación de poder y la posible intervención del estado en la libertad de elección de los ciudadanos. Por esta razón, Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (Aieja), está abordando la medida con dos estrategias distintas.
LA INDUSTRIA TOMA MEDIDAS
El sector del juego se ha reunido para presentar amparos legales, y para promover una nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos con el objetivo de proporcionar certeza y tranquilidad al sector. Ochoa subrayó que las máquinas tragamonedas constituyen el 85% del negocio, lo que suscita su preocupación por el impacto a largo plazo de la prohibición, especialmente en la mayoría de los casinos cuyos permisos caducan entre 2028 y 2033.
Además, a partir del 2038, no se renovarán más permisos, lo que insta a la industria a buscar modificaciones en la Ley Federal que rige el sector. Es por ello que la industria está haciendo una serie de críticas entre las que destaca que, a pesar de una consulta pública previa, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) no consideró los comentarios recibidos. Se argumenta que estas medidas limitarán los juegos, afectarán a los empleados y provocarán la retirada de inversiones de fabricantes de máquinas tragamonedas en el país. Ante esto, el líder de la Aieja señaló que optarán por la judicialización para evitar el cierre de negocios a mediano plazo. También destacó que, aunque la nueva medida no tendrá efectos inmediatos, la mayoría de los casinos se verán afectados en el próximo lustro, especialmente aquellos cuyos permisos vencen entre 2028 y 2033, y la totalidad de los permisos no se renovarán más allá del 2038.
INCERTIDUMBRE EN EL JUEGO
La reciente reforma en la regulación de juegos y sorteos en México ha desatado una serie de inquietudes y estrategias por parte de empresarios que buscan enfrentar estas restricciones mediante amparos legales y la propuesta de una nueva legislación.
Además, aún persisten preocupaciones sobre la concentración de poder y la posible afectación a la libertad de elección de los ciudadanos. La velocidad en la implementación de estas reformas, sin un periodo de transición considerable, agrega un componente de incertidumbre al sector en el corto plazo.
Mientras que, el impacto a largo plazo en la industria, los empleados y las inversiones plantean desafíos significativos para el sector y su relación con el marco regulatorio. En este panorama, la adaptación y la búsqueda de soluciones equilibradas se presentan como una necesidad para la sostenibilidad y el desarrollo futuro de la industria del juego en México. Ante este dilema, la colaboración entre el sector, el gobierno y otros actores relevantes emerge como un elemento crucial para forjar un entorno regulatorio que promueva tanto la integridad del juego como la vitalidad de la industria del entretenimiento en el país.
