El Senado de República Dominicana aprobó en única lectura las modificaciones que la Cámara de Diputados introdujo al proyecto de ley que regula los juegos de azar en el país. La iniciativa fue presentada por los senadores Pedro Catrain y Félix Ramón Bautista, y busca consolidar y modernizar la legislación que rige a casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas, bingos, tragamonedas y plataformas de apuestas online.
El proyecto establece independencia entre el ente regulador y el sector que supervisa. También fija obligaciones específicas para proteger a los menores de edad. Para respaldar estas medidas, el texto contempla sanciones que van desde multas y el cierre de establecimientos hasta la pérdida de licencias, la inhabilitación de administradores y penas de prisión.
Yamile Aismel Gutiérrez Figuereo, socia fundadora de G&G Studio Legal y especialista en la industria del juego, explicó que la reforma representa una oportunidad para modernizar el sector en República Dominicana. Según la abogada, el objetivo no debe limitarse a aumentar los controles sobre los operadores legales, sino también a combatir el mercado ilegal y garantizar seguridad jurídica y condiciones de competencia justas.
Una normativa que se actualiza tras años de rezago
Gutiérrez Figuereo sostuvo que República Dominicana necesita una actualización integral de su regulación, porque la evolución tecnológica y comercial del sector superó desde hace tiempo el marco normativo vigente. «La industria evolucionó mucho más rápido que nuestra legislación», señaló la especialista.
Entre los elementos que hoy tienen mayor peso en el mercado, la abogada mencionó los juegos de azar por internet, las plataformas tecnológicas, los medios de pago digitales, el juego responsable y las herramientas para prevenir el lavado de activos.
La especialista destacó dos cambios centrales del proyecto. El primero es la creación de una nueva estructura regulatoria, liderada por la Dirección General de Juegos de Azar y el Consejo de Juegos de Azar, con mayores facultades de regulación, supervisión y fiscalización. El segundo es la incorporación de los juegos de azar por internet dentro de una ley, actividad que hasta ahora se rige por la Resolución Número 136-2024.
De acuerdo con la abogada, el proyecto establece que solo las personas jurídicas debidamente licenciadas puedan operar juegos por internet, con licencias que tendrán una vigencia de diez años. La propuesta también mantiene un impuesto mensual del 10% sobre las operaciones realizadas por internet.
Una regulación diferenciada para cada modalidad de juego
Gutiérrez Figuereo subrayó la importancia de que el proyecto distinga entre las distintas modalidades de juego. A su criterio, las bancas de lotería, las apuestas deportivas, los casinos, los bingos y los puntos de venta de loterías electrónicas tienen modelos de negocio y niveles de riesgo diferentes, por lo que no deberían enfrentar exactamente las mismas obligaciones.
La abogada planteó que esta diferenciación debe reflejarse en el sistema de licencias, los requisitos técnicos, las cargas económicas, los mecanismos de supervisión y el régimen sancionador. Como ejemplo, comparó la situación de una pequeña banca de lotería con la de un operador de juegos por internet de alcance nacional en República Dominicana.
Aun así, advirtió que diferenciar las modalidades no debe fragmentar la regulación. «La ventaja de una ley integral es tener un marco común para toda la industria, reconociendo las particularidades de cada modalidad», afirmó.
Más fiscalización, pero con reglas claras
El proyecto amplía el alcance de la autorización, la fiscalización y la supervisión hacia las personas físicas y jurídicas vinculadas con el sector del juego. Gutiérrez Figuereo consideró que esta medida puede mejorar la transparencia del mercado en República Dominicana, al permitir identificar quién controla cada operación, quiénes son los beneficiarios finales y cuál es el origen de los recursos.
La especialista advirtió, no obstante, que un mayor nivel de fiscalización debe acompañarse de procedimientos claros, criterios objetivos y trámites ágiles. Para ella, el desafío consiste en fortalecer el mercado regulado y, al mismo tiempo, dotar al Estado de herramientas efectivas para combatir las operaciones ilegales.
