En Ecuador, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) publicó el procedimiento administrativo para obtener la Licencia para Operadores de Pronósticos Deportivos (LOPD), el único documento que habilita a una empresa a ofrecer apuestas deportivas de manera legal en territorio ecuatoriano. El nuevo procedimiento establece las condiciones que deberán cumplir tanto las compañías interesadas en ingresar al sector como los operadores que actualmente desarrollan actividades en el país.
Carlos José Riofrío, socio director y fundador de la firma Riofrío Bustamante Law Firm, explicó en una publicación en LinkedIn los principales requisitos exigidos por la autoridad ecuatoriana para acceder a la licencia.
Los requisitos financieros y operativos para acceder a la licencia
Según detalló Riofrío, los operadores deberán demostrar presencia jurídica en Ecuador y contar con un patrimonio neto mínimo de 500,000 dólares. A esto se suma la obligación de constituir una garantía bancaria o una póliza de cobro inmediato equivalente al 1% de ese patrimonio, un mecanismo pensado para proteger a los usuarios ante eventuales incumplimientos.
El proceso de evaluación no se limita a lo financiero: cada solicitud será sometida a evaluaciones jurídicas, financieras, técnicas y operativas, y la autoridad dispondrá de hasta 90 días para completar la revisión.
Vigencia, costos y obligaciones adicionales de la licencia
La LOPD tendrá una vigencia de cinco años y su renovación anual implicará el pago de 655 salarios básicos unificados, una cifra que en 2026 equivale a aproximadamente 315,000 dólares. Los operadores licenciados también deberán registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico, certificar técnicamente su plataforma, mantener una cuenta bancaria exclusiva para sus operaciones y aplicar políticas de juego responsable, prevención de lavado de activos, protección de datos y verificación de usuarios.
Las empresas extranjeras que quieran operar en el país deberán hacerlo a través de una sucursal domiciliada localmente o mediante una sociedad constituida en Ecuador. Los operadores que ya se encuentren activos en el mercado tendrán un plazo de 180 días para ajustarse a las nuevas exigencias.
El marco normativo que dio origen a la licencia
Este procedimiento se apoya en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación, promulgado en junio por el presidente Daniel Noboa. Esa normativa reorganizó la administración de las entidades deportivas tradicionales y, a través del Decreto Ejecutivo No. 422, estableció por primera vez un marco de control específico para los pronósticos deportivos online, un sector que hasta entonces operaba sin reglas claras en el país.
Bajo ese decreto, las casas de apuestas deben tramitar una Licencia Única de Operación por un período de cinco años, con un costo anual fijado también en 655 salarios básicos unificados. El reglamento además obliga a los operadores a inscribirse ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), mientras que el Ministerio del Deporte creará una Unidad Complementaria Antilavado para reforzar la supervisión del sector.
Impuestos y límites de transacciones para los apostadores
Uno de los aspectos con mayor efecto directo sobre los usuarios es el tributario: los operadores autorizados deberán aplicar una retención en la fuente del 15% sobre el monto total de los premios obtenidos por los apostadores en cada evento pronosticado. Esta medida establece una obligación adicional para las plataformas, que deberán efectuar la retención correspondiente antes de entregar los premios, de acuerdo con las disposiciones contempladas en la normativa.
El reglamento también fija techos a las transacciones dentro de las plataformas como medida de prevención de fraude y lavado de activos. Los movimientos realizados con cuentas bancarias o tarjetas de débito tendrán un límite de 1.000 dólares por transacción, mientras que los pagos con tarjeta de crédito no podrán superar los 350 dólares por operación.
Estos límites buscan establecer controles sobre el flujo de dinero asociado a las apuestas en línea y facilitar la supervisión de las operaciones realizadas por los usuarios. A su vez, los operadores deberán implementar mecanismos que permitan identificar y controlar transacciones que puedan presentar señales de riesgo, en línea con las obligaciones de prevención previstas por la regulación.
