México se acerca a un momento decisivo en la regulación de su industria del juego. La reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, anunciada por primera vez en septiembre de 2025, se encuentra próxima a concluir su revisión dentro del Ejecutivo, según confirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
La propuesta está lista para pasar al gabinete de seguridad
Rodríguez explicó que la revisión interna de la ley entre las distintas dependencias del gobierno federal, aquellas con incidencia directa sobre casinos, establecimientos de apuestas y centros de entretenimiento, se encuentra prácticamente concluida. El siguiente paso será someter la propuesta a consideración del gabinete de seguridad, un requisito previo antes de que el proyecto pueda avanzar formalmente hacia el Congreso.
La funcionaria detalló que el texto ya ha sido revisado con diferentes instancias del gobierno federal, lo que sitúa a la reforma en su tramo final antes del debate legislativo.
Condiciones de operación pactadas desde el inicio de la administración
Rodríguez recordó que, desde el arranque de la actual administración, sostuvo un encuentro con los permisionarios de las dos principales industrias del sector del juego para establecer las condiciones bajo las cuales operarían. En ese momento, la funcionaria advirtió directamente a los permisionarios que no debían corromper al personal de la dependencia, bajo la amenaza de cerrar sus negocios y encarcelar a los funcionarios implicados en irregularidades. A cambio, el gobierno se comprometió a avanzar en la regularización de trámites pendientes del sector.
La secretaria subrayó además que no cuenta con representantes ni intermediarios para tratar asuntos con la industria, un mensaje dirigido a marcar distancia frente a posibles gestiones informales.
Sanciones y cierres por presuntos vínculos con lavado de dinero
Al hacer un balance de estos dos años de gestión, Rodríguez reconoció que se han aplicado sanciones y cierres de establecimientos por presuntos vínculos con lavado de dinero y defraudación fiscal, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Según la funcionaria, la cifra oficial reconocida públicamente es de 13 casinos cerrados, aunque estimó que el número real de establecimientos con irregularidades podría ascender a unos 20, sin precisar una cifra exacta.
Nuevas reglas contra el lavado de dinero en el sector del juego
La reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos llega en paralelo a otro avance regulatorio relevante para la industria. Semanas antes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Carácter General previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Estas nuevas normas forman parte de la implementación de las reformas a la ley y a su reglamento, publicadas en 2025 y 2026 respectivamente, y buscan fortalecer el marco regulatorio aplicable a quienes realizan las llamadas «Actividades Vulnerables», categoría en la que se incluyen los juegos con apuesta, los concursos y los sorteos.
En México, se consideran Actividades Vulnerables aquellos sectores económicos lícitos, comerciales, profesionales o de servicios que, por su propia naturaleza, resultan susceptibles de ser utilizados para operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Enfoque Basado en Riesgo como eje del nuevo marco regulatorio
Entre los cambios más relevantes de las nuevas reglas destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento normativo. Bajo este modelo, quienes realizan Actividades Vulnerables deberán identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados a sus clientes, operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas, mediante metodologías que permitan una mejor detección de operaciones potencialmente vinculadas al lavado de dinero.
Las disposiciones también refuerzan las medidas de conocimiento del cliente o usuario, la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos ante las autoridades correspondientes.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejercerá sus funciones de supervisión y verificación también bajo un Enfoque Basado en Riesgo, orientando sus acciones hacia los sectores y actividades con mayor exposición al lavado de dinero.
