El pasado sábado 14 de diciembre, el Gobierno oficializó, mediante el Decreto Supremo N° 254-2024-MEF, el reglamento que detalla la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto Específico a las apuestas deportivas y juegos a distancia. Este nuevo marco normativo busca gravar las ganancias generadas por estas actividades. Su implementación ha despertado controversia debido a las complejidades técnicas, los elevados costos de adecuación y los plazos establecidos para su cumplimiento.
El reglamento establece la aplicación de dos impuestos clave:
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Este tributo aplica un impuesto al consumo de servicios considerados no esenciales, como las apuestas y juegos a distancia, con el objetivo de generar ingresos adicionales para el Estado.
Impuesto Específico a las Ganancias
Este impuesto se dirige a las utilidades obtenidas por las empresas que operan plataformas de apuestas y juegos, asegurando que estas contribuyan significativamente al sistema tributario nacional.
Para ello, el decreto especifica los procedimientos técnicos y tributarios que las empresas deben seguir, incluyendo la adecuación de sus plataformas a nuevas disposiciones y el cumplimiento de homologaciones internacionales. Sin embargo, estas exigencias han generado preocupación en el sector. Según el Dr. Samohod, especialista en regulación y políticas públicas, “el reglamento llega en un momento crítico, afectando a empresas que ya habían invertido tiempo y dinero en cumplir con las regulaciones previas del MINCETUR. Esto genera una doble carga económica y una seria afectación a la confianza empresarial”.
El plazo de solo 15 días para cumplir con estas nuevas disposiciones podría ser calificado como inviable, considerando que las homologaciones técnicas pueden tomar meses o incluso un año. Además, la falta de coordinación entre el MINCETUR y el MEF genera un conflicto normativo que pone a las empresas en una difícil posición: operar bajo las licencias del MINCETUR, arriesgándose a incumplir las disposiciones tributarias, o detener sus actividades hasta cumplir con el nuevo reglamento del MEF.
“El Estado debe evitar decisiones regulatorias que puedan percibirse como un maltrato a los empresarios y, sobre todo, debe fortalecer su marco normativo antes de generar inseguridad jurídica”, añadió el Dr. Samohod, resaltando que este tipo de medidas pone en riesgo la competitividad del país como destino para la inversión en un sector con gran potencial.
Este panorama ha sido señalado como un reflejo de la inseguridad jurídica en el país. Especialistas destacan que los operadores nacionales y extranjeros habían invertido recursos significativos en cumplir con la normativa inicial, con la expectativa de iniciar operaciones de manera ordenada y rentable. Ahora, enfrentan un retroceso que afecta no solo su estabilidad financiera, sino también su confianza en el entorno regulatorio del Perú.
Aunque el objetivo del Ejecutivo es garantizar un marco tributario más sólido y recaudar ingresos de un sector altamente rentable, los operadores cuestionan los costos asociados, los plazos cortos y la duplicidad de esfuerzos.
Los próximos días serán decisivos para evaluar si el Gobierno introduce ajustes o flexibiliza el reglamento, en un intento por mitigar el impacto negativo en el sector y restaurar la confianza empresarial. Balancear las metas tributarias con la viabilidad operativa de las empresas será crucial para determinar el éxito de esta iniciativa.
