El Senado de Paraguay debatió por más de una hora el proyecto de ley “por el cual se establecen medidas de protección a los menores de edad, ante las influencias de las máquinas tragamonedas”. El proyecto pretende regular el sistema de habilitación, explotación y uso de slots, y ratifica que su control es una función de las municipalidades.
El proyecto se aprobó con modificaciones. En primer lugar, en vez de que los municipios otorguen concesiones para explotar tragamonedas como resultado de una licitación, se les da la potestad directa de otorgar permisos.
En el texto original, las sanciones previstas para infractores eran multas de un salario mínimo, pero se introdujeron cambios para endurecer los castigos, de modo a que también se incauten y destruyan las máquinas. Además, se agregó la aplicación de una trazabilidad de clientes y operadores, para un control del flujo del dinero, así como establece la norma de prevención de lavado de dinero.
La iniciativa parlamentaria ratifica que la regularización de las tragamonedas es responsabilidad de las comunas. La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a través de una resolución dio esa tarea a la empresa iCrop mediante un contrato directo. Varios municipios coincidieron en oponerse al desarrollo de las actividades de dicha firma, porque consideran que atropella la autonomía municipal y su régimen tributario.
