Un proyecto de ley que promete convertir a Puerto Rico en el próximo Las Vegas abrió un debate que va mucho más allá de los posibles ingresos fiscales. Mientras sus promotores proyectan entre $50 y $100 millones adicionales para las arcas del gobierno, voces con peso institucional advierten que el costo humano y sanitario podría superar con creces cualquier beneficio económico.
El proyecto que enciende la polémica
La senadora Roxanna Soto Aguilú presentó ante la Asamblea Legislativa el Proyecto del Senado 960 (PS 960), una iniciativa que propone enmendar la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para ampliar los formatos de apuesta permitidos en la isla.
La propuesta contempla la apertura de salas de póker independientes, la habilitación de loterías electrónicas interactivas y la autorización de apuestas deportivas en torneos de esports. Según la legisladora, estas tres modalidades en conjunto podrían generar entre $50 y $100 millones en nuevos ingresos para el gobierno y posicionar a Puerto Rico como un destino de juego de primer nivel en el Caribe.
La advertencia desde la Cámara de Representantes
José Aponte Hernández, ex presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, salió al paso de la iniciativa con una postura categórica. Para el funcionario, expandir la base de apuestas con el argumento de incrementar la recaudación tendría un efecto directo y severo sobre el sistema de salud de la isla.
«Extender el universo de apuestas con el argumento de recoger más dinero para el fisco tendrá un efecto catastrófico en el sistema de salud, pues el número de personas con conductas problemáticas seguramente superará los 100.000», señaló Aponte Hernández, quien añadió que los tratamientos para esta condición son complejos y prolongados.
Puerto Rico, la jurisdicción con mayor tasa de juego patológico
Los números respaldan la preocupación. Mientras la prevalencia del juego patológico en Estados Unidos continental oscila entre el 0,4 % y el 1 % de la población, Puerto Rico registra tasas significativamente más altas que cualquier otra jurisdicción del país.
Un reporte publicado en 2018 por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) reveló que el 7,4% de la población de la isla podría clasificarse como jugadora patológica, y que un 6,4% adicional podría desarrollar problemas con el juego a lo largo de su vida. Sumados, ambos segmentos representan casi uno de cada siete puertorriqueños.
El costo económico del tratamiento
La dimensión económica del problema también es significativa. Según informes desarrollados en 2025 por la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, cada sesión de tratamiento para el juego problemático tiene un costo promedio de $168, sin considerar otros gastos asociados al proceso. Además, la duración estimada de los tratamientos puede extenderse hasta 24 meses.
A nivel agregado, el Consejo Nacional de Adicción a Apuestas de Estados Unidos estima que en 2025 el costo de atención a personas con adicción al juego en los estados y territorios del país —incluido Puerto Rico— asciende a $14 billones.
«Esto es bastante alto y, con cualquier ampliación de la base de apuestas, solo subirá. Siempre he sido consistente en mi postura en contra de más juegos de azar por el problema que esto representa para la salud de nuestro pueblo», reafirmó Aponte Hernández.
Un debate que apenas comienza
El PS 960 todavía debe recorrer el proceso legislativo antes de convertirse en ley, pero el intercambio de posiciones ya refleja la tensión estructural que existe en muchas jurisdicciones al momento de regular el juego: los ingresos fiscales inmediatos frente a los costos sociales y sanitarios de largo plazo. En Puerto Rico, donde las tasas de juego patológico son excepcionalmente altas, ese dilema adquiere una urgencia particular.
