Puerto Rico está tomando medidas decisivas para enfrentar el aumento del juego problemático en la isla. La Comisión de Juegos de Puerto Rico (CJPR) decidió reforzar sus esfuerzos preventivos mediante herramientas tecnológicas y programas de autoexclusión, en un contexto donde el sector del juego muestra un crecimiento sostenido que requiere mayor supervisión y control.
El panorama actual del juego
Juan Carlos Santaella Marchán, director ejecutivo de la CJPR, reconoció que la consolidación de los distintos negociados, bajo una misma agencia desde 2019 en Puerto Rico, permitió tener una visión más completa del fenómeno. Los negociados unificados incluyen Deporte Hípico, Juegos de Azar, Máquinas de Juegos en Ruta, Apuestas Deportivas y Concursos de Fantasía.
«Cuando uno ve el comportamiento general del sector, el aumento en la jugada es evidente. Por eso debemos equilibrar la promoción del juego responsable con la lucha contra la adicción», explicó el funcionario sobre la situación en Puerto Rico.
Actualmente, Puerto Rico cuenta con aproximadamente 20.500 máquinas de juegos de azar en ruta licenciadas y alrededor de 3.300 máquinas Lucky Cash, que devuelven hasta el 93% del dinero apostado. También operan en Puerto Rico 3.500 negocios inscritos con máquinas, 375 agencias hípicas, 20 casinos y nueve operadores de apuestas deportivas.
Los usuarios de apuestas
Según estimaciones de la Comisión, existen cerca de 30.000 usuarios registrados en las casas de apuestas, aunque el número podría ser menor debido a los registros duplicados. En cambio, cuantificar la participación en las agencias hípicas o en las máquinas resulta más difícil en Puerto Rico, ya que la mayoría de las jugadas son anónimas.
Esta falta de trazabilidad completa representa uno de los principales desafíos para las autoridades de Puerto Rico al momento de dimensionar con exactitud el alcance del juego problemático en la isla.
El programa de autoexclusión voluntaria
Para enfrentar este panorama, la CJPR emitió en 2024 una orden administrativa (OACJ 24-07) que permite a los jugadores autoexcluirse voluntariamente por uno, tres o cinco años, o de forma indefinida, de casinos, casas de apuestas o agencias hípicas. Desde entonces, 165 personas han solicitado su exclusión en Puerto Rico.
«Podemos ofrecer herramientas en nuestras páginas, pero depende de que la gente se anime a usarlas. Es un tema del que pocos quieren hablar, por eso buscamos sistemas confidenciales que nos ayuden a validar la información real», comentó Santaella Marchán sobre los desafíos en Puerto Rico.
Nuevas herramientas tecnológicas
El funcionario adelantó que la Comisión de Puerto Rico espera firmar un acuerdo con una empresa tecnológica para crear una aplicación que ayude a los operadores a registrar conductas problemáticas entre los jugadores. Además, trabajan junto al Puerto Rico Innovation and Technology Service (Prits) en el desarrollo de formularios online para la web de la CJPR.
Estos formularios incluirán uno de autoevaluación y otro de perfil del jugador, herramientas diseñadas específicamente para las necesidades de Puerto Rico. Las empresas del sector también deberán ofrecer capacitaciones internas y materiales educativos en torno al juego responsable, incluyendo información de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) y la Línea PAS.
Puerto Rico endurece sanciones contra casinos clandestinos
En paralelo a los esfuerzos para frenar el juego problemático, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto 875, que endurece las penas contra los casinos clandestinos. La medida, impulsada por el legislador José Aponte Hernández, busca frenar la proliferación de establecimientos ilegales en Puerto Rico que, según advirtió, «ponen en riesgo la salud del pueblo y afectan la industria turística».
Las multas en Puerto Rico partirán de 15.000 dólares y podrán incluir penas de prisión de hasta tres años en caso de reincidencia, una señal clara de que las autoridades están dispuestas a combatir el juego ilegal con firmeza.
Los desafíos pendientes
A pesar de los avances en regulación y fiscalización, Puerto Rico enfrenta desafíos importantes en la coordinación entre agencias gubernamentales. La falta de comunicación entre la CJPR y Assmca evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de colaboración interinstitucional para maximizar el impacto de las políticas públicas contra el juego problemático.
Oliver Franco explicó que los formularios de autoexclusión no forman parte de las terapias en Puerto Rico, ya que el enfoque del programa se basa en la «reducción de daños». Esta diferencia de enfoques plantea interrogantes sobre la integración efectiva de las herramientas preventivas con los tratamientos terapéuticos disponibles en la isla.
El enfoque integral que está desarrollando Puerto Rico, combinando prevención, tratamiento y fiscalización, podría servir de modelo para otras jurisdicciones que buscan equilibrar los beneficios económicos del juego regulado con la protección de los ciudadanos vulnerables a la adicción.
