El Reino Unido enfrenta un posible punto de quiebre en su regulación del juego. El primer ministro Andy Burnham anunció el 11 de agosto la eliminación del principio de «objetivo permitir», una norma que obligaba a los ayuntamientos a aprobar licencias de locales de apuestas siempre que estos cumplieran con las políticas de la Comisión del Juego.
La medida busca dar a los gobiernos locales mayor control sobre sus calles comerciales y también exigirá permisos de planificación urbanística para los centros de juego para adultos, establecimientos con acceso a máquinas tragamonedas las 24 horas.
Burnham presentó el anuncio junto con nuevas restricciones a las tiendas de cigarrillos electrónicos, y calificó a ambos negocios como «dudosos», una expresión que generó rechazo inmediato en el sector del juego.
Un cambio que exige nueva legislación en el Reino Unido
Eliminar el «objetivo permitir» no es un simple ajuste administrativo. Se trata de un principio central de la Ley de Juegos de Azar de 2005, por lo que su derogación real requeriría legislación primaria en el Parlamento. Andrew Lyman, Comisionado de Juego de Gibraltar y exdirector de la Comisión de Juego del Reino Unido, explica que un principio tan fundamental solo puede modificarse mediante una ley, no por decisiones administrativas locales.
Louisa Clark, consultora en licencias y cumplimiento normativo, coincide: la norma está integrada directamente en la Ley de Juegos de Azar y no puede anularse con un anuncio ministerial ni con cambios en las directrices de la Comisión. Según Clark, aún falta definir si el cambio llegará mediante una reforma de la ley actual, una ley completamente nueva, o un proyecto de ley específico sobre la eliminación del permiso, algo que se aclarará en una próxima consulta pública.
El riesgo de una reforma más amplia del sector apuestas
Más allá del cambio anunciado, especialistas consideran que la apertura de un proceso legislativo podría generar presión para discutir otros elementos de la regulación británica del juego. Tras conocerse la medida, la Asociación de Directores de Salud Pública (ADPH) reclamó una nueva legislación basada en un enfoque de salud pública, que contemple, entre otras medidas, restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio.
Lyman advierte que activistas y políticos probablemente presionarán para ampliar el debate más allá del permiso de entrada. Según él, cualquier modificación a la legislación primaria reabrirá la discusión sobre la tolerancia al riesgo del gobierno frente al juego en general, y lo que hoy se plantea como una consulta de seis semanas podría convertirse en un proceso político mucho más largo.
Un calendario ambicioso y un futuro incierto
El Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local liderará una consulta acelerada, con la meta de implementar los cambios en enero de 2027. Sin embargo, varios analistas consideran ese plazo poco realista si se necesita legislación primaria, recordando que la actual Ley de Juegos de Azar tardó años en gestarse antes de entrar en vigor.
Clark sostiene que, por ahora, el anuncio responde más a una ambición política que a un plan legislativo definido, y que recién con la consulta y un eventual borrador de ley se podrá evaluar el verdadero alcance de la reforma. Insiste en no confundir la retórica política con decisiones legislativas concretas, ya que estas últimas todavía no existen.
La advertencia sobre licencias ya existentes
Una de las mayores preocupaciones del sector es que la reforma también afecte licencias ya otorgadas, no solo las nuevas. Lyman rechaza esa posibilidad de forma tajante: otorgar a las autoridades locales la facultad de revocar licencias vigentes basándose únicamente en una postura moral hacia el juego, sin otro motivo legal, representaría un problema serio para el estado de derecho y un precedente peligroso para el poder de funcionarios y concejales locales.
