En 2026 en Reino Unido, la discusión sobre cómo regular el juego sin dañar la economía ha dejado de ser un debate exclusivamente británico. Desde Australia hasta Brasil, pasando por varios países de la Unión Europea, los gobiernos enfrentan la misma tensión: endurecer las normas para proteger a los consumidores sin generar un impacto negativo desproporcionado en la actividad económica. El país, que lleva más de dos años procesando las reformas planteadas en su libro blanco de 2023, acaba de recibir el aporte más robusto hasta la fecha para zanjar ese debate.
Un estudio conjunto del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR) y la Universidad de Glasgow analizó las posibles consecuencias macroeconómicas de esas reformas y llegó a una conclusión que contradice el argumento más repetido por la industria: regular más estrictamente el juego no equivale a destruir valor económico.
Qué proyectaba el informe de 2023 y qué encontró el nuevo estudio
El punto de partida del análisis es el informe técnico de 2023, que estimaba una reducción anual de los ingresos brutos del sector de entre 329 y 812 millones de libras esterlinas (entre aproximadamente $415 y $1.030 millones de dólares) como consecuencia directa de las reformas. Esa proyección afectaba principalmente al segmento del juego online, que en los últimos años ha consolidado su posición como el motor de ingresos más dinámico del sector en el Reino Unido.
El equipo del NIESR y Glasgow utilizó la estimación más elevada, $1.030 millones, para modelar los efectos económicos agregados bajo el escenario más adverso. El resultado fue sustancialmente diferente al temido por la industria: solo unos 134 millones de libras esterlinas (aproximadamente $170 millones de dólares), equivalentes al 16% de la reducción bruta proyectada, se tradujeron en una pérdida neta real de producción para el Reino Unido, una vez descontados los cambios en el gasto de los consumidores.
Hacia dónde va el dinero cuando los apostadores juegan menos
Para trazar ese flujo de gasto con precisión, el estudio realizó un experimento de elección discreta con preferencias declaradas entre mayo y junio de 2025, en el que 804 apostadores habituales indicaron cómo redistribuirían un presupuesto hipotético mensual de 50 libras esterlinas si dejaran de destinarlo al juego.
Las reasignaciones más frecuentes apuntaron a categorías de consumo esencial: alimentos, bebidas, compras cotidianas, artículos para el hogar y gastos personales. Un porcentaje relevante también optó por aumentar su ahorro o destinar esos fondos al pago de deudas, lo que tiene implicaciones directas sobre la estabilidad financiera de los hogares británicos en un año en que el costo de vida sigue siendo una preocupación central para la política económica del gobierno.
Por qué el juego online amplifica menos la economía británica de lo que parece
Un factor técnico que el estudio pone sobre la mesa es especialmente relevante para entender por qué las pérdidas netas son tan inferiores a las brutas: el juego online, que domina los ingresos brutos del sector, tiene multiplicadores económicos nacionales significativamente más bajos que otras industrias.
Esto se debe a que sus cadenas de suministro están en gran medida radicadas fuera del Reino Unido, lo que significa que una porción considerable de cada libra apostada en plataformas digitales no circula dentro de la economía británica sino que sale de ella. El informe señala que una reducción de apenas entre el 9% y el 10% en el multiplicador estimado del sector del juego online bastaría para eliminar completamente la pérdida neta calculada, con el resultado potencial de una pequeña ganancia neta para la economía del país.
El mercado ilegal: el principal factor de riesgo en 2026
El escenario que podría agravar el impacto de las reformas es la migración de apostadores hacia operadores sin licencia, y este riesgo es hoy más concreto que cuando se diseñaron las reformas originales.
Los datos del estudio son parcialmente tranquilizadores: el 73% de los jugadores online indicó que no destinaría los fondos liberados a operadores sin licencia, y solo el 8,5% eligió sistemáticamente esa opción en las tareas experimentales. Sin embargo, los modelos muestran que incluso desvíos moderados hacia el juego ilegal elevarían las pérdidas netas de forma significativa. Una migración del 8% hacia operadores sin licencia llevaría la pérdida neta a 189 millones de libras esterlinas, mientras que una desviación del 27% la elevaría a 317 millones, el 39% de la pérdida bruta proyectada.
Este escenario adquiere especial relevancia en 2026 porque la Comisión de Juego del Reino Unido ha reconocido abiertamente que el juego ilegal es cada vez más difícil de rastrear. El motivo principal es el aumento sostenido del uso de redes privadas virtuales (VPN) en todo el país.
